Sánchez-Galán (Iberdrola) pide declarar ante el juez para despejar dudas sobre el 'caso Villarejo'

El consejero delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, y el resto de administradores y empleados de la compañía se ponen a disposición de la Justicia para declarar y despejar cualquier duda sobre el conocido caso Villarejo, según ha informado la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La energética pide la comparecencia de su cúpula en la medida en que el juez "lo considere necesario y tan pronto como sea posible", para proporcionar su testimonio y, de esta manera "facilitar la finalización de la investigación en curso".

Según la compañía, la tramitación de la pieza 17 del caso Tándem ha sido aprovechada por competidores que, "directa o indirectamente, han atacado la reputación y buen nombre de la compañía", informaciones que se han dirigido a "propagar sospechas sobre la sociedad y sobre algunos de sus directivos y administradores". "Las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado", dice la empresa.

La energética asegura que lleva "sufriendo" por este caso, cuya investigación judicial se prolonga desde 2018, "un significativo desgaste reputacional", a pesar de que "desde el primer momento, y de manera continua hasta ahora, el consejo de administración y sus comisiones han actuado de conformidad con el sistema de gobernanza y sostenibilidad, impulsando todas las actuaciones necesarias para el total esclarecimiento de los hechos". En este sentido, recuerda que cuando se produjo la primera noticia sobre el caso, se identificaron diecisiete facturas abonadas por Iberdrola e Iberdrola Renovables Energía a Cenyt, empresa vinculada con el excomisario Villarejo.

Además, la compañía también realizó en los años 2018 y 2019 dos informes en los que no obtuvo evidencia adicional a las citadas diecisiete facturas sobre la relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola y concluyó que los procedimientos de control interno relacionados con dichas facturas habían funcionado "correctamente", según defiende la empresa. Posteriormente, en noviembre de 2091, con la apertura del caso Tándem, el Juzgado Central de Instrucción número 6 practicó un requerimiento de información "muy exhaustivo" en relación con la "contratación, la contabilización y el pago de los servicios prestados por Cenyt a Iberdrola y con el Sistema de Cumplimiento de la Sociedad, que fue cumplimentado en un plazo de 48 horas".

Por otra parte, Ibedrola realizó una "completa investigación interna", complementada por un informe “forensic” encargado a PriceWaterhouseCoopers (PWC), a quien se solicitó una investigación independiente que determinó que no había "evidencia de ninguna relación del señor Villarejo con sociedades del grupo Iberdrola distinta de la documentada en las diecisiete facturas referidas, ni tampoco de que en la contratación, contabilización y pago de las mismas se hayan infringido los procedimientos de control establecidos, ni, finalmente, indicios que permitan vincular a terceras personas ajenas a las Direcciones de Seguridad y Administración y Control con las contrataciones investigadas".