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Aprobada en el Congreso la ley que prohíbe las amnistías fiscales

  • La norma legal, remitida al Senado, rebaja de un millón a 600.000 euros el listón para salir en la lista de deudores

  • El texto incorpora el control mediante las nuevas tecnologías y la vigilancia del uso de las criptomonedas

Los diputados guardan un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus

Los diputados guardan un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus / Zipi / EFE

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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La Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, con 21 votos favorables, 14 en contra y una abstención. La norma, que supone trasponer una directiva de la UE de 2016, continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. Entre las medidas que incorpora se incluye la limitación a 1.000 euros en los pagos en efectivo entre empresas. El texto, que fue aprobado por el Gobierno en octuber del año pasado también incorpora de formar explicita la prohibición de amnistías fiscales, al entender que estas suponen una discriminación hacia los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales y forma pare del plan de recuperación remitido a Bruselas.

Los miembros de la Comisión han debatido y votado el Informe de la ponencia, que ha quedado aprobado, con modificaciones, tras haber sido aceptadas la enmienda 246, del PDeCAT, incluido en el Grupo Plural, sobre la modificación del artículo 70 de la ley de impuestos especiales, relativo al tipo impositivo sobre determinados medios de transporte, para adecuarlos a la nueva medición de emisiones de CO2 con el nuevo procedimiento WLTP; lo que supone revertir la subida del impuesto de matriculación aplicada desde enero pasado.

También se han aprobado la enmienda 175, del Grupo Republicano, que recoge la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el estado español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos. El resto de enmiendas que los grupos parlamentarios Ciudadanos, Plural, Republicano, Vox y Popular habían mantenido vivas han quedado rechazadas. 

Requisitos de las Sicav

Durante el trámite en ponencia, a este proyecto de ley se incorporaron, en sus términos, las enmiendas del Grupo Socialista relativas el establecimiento de requisitos adicionales para que las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) puedan aplicar el tipo de gravamen del 1%; sobre la introducción de modificaciones en el texto refundido del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para "favorecer las libertades de establecimiento y circulación, de acuerdo con el Derecho de la Unión"; la regulación del procedimiento sancionador del régimen de limitaciones de pago en efectivo con diversos objetivos, y sobre plazos de prescripción de acciones y autorizaciones judiciales en casos de pesquisas tributarias, entre otras.

Además, en esta fase también se ha introducido una enmienda del Grupo Popular referente a la tributación de los contribuyentes no residentes. Por otra parte, también quedaron aprobadas, con correcciones, las enmiendas del Grupo Socialista que aludían a normas de control y regulación de la hoja de tabaco crudo, a la modificación de la Ley del Notariado, y a la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias en el año 2021, entre otras correcciones. Por ejemplo, se incluye en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios. Hasta ahora, el listón para salir en esta lista está situado en un millón de euros.

Las modificaciones recogidas en este proyecto de ley, principalmente en materia tributaria, tienen una doble finalidad. Por un lado, incorporar al ordenamiento interno el ámbito de las prácticas de elusión fiscal. Y, por otro, introducir cambios en la regulación para asentar unos parámetros de justicia tributaria y facilitar actuaciones que prevengan y luchen contra el fraude, reforzando el control tributario.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo hace hincapié en la necesidad de que las modificaciones legales vayan acompañadas de medidas organizativas y operativas en el ámbito de la Administración tributaria del Estado, y del control de los contribuyentes con grandes patrimonios. Para favorecer el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias se creará una unidad central de coordinación de esas actuaciones de control.

En este proyecto de ley también se adecúa el término de paraísos fiscales al de jurisdicciones no cooperativas. En este sentido, atendiendo a y una vez aprobados los criterios de equidad y transparencia, la ministra de Hacienda "adoptará las disposiciones necesarias para la publicación de la relación de países y territorios, así como regímenes fiscales perjudiciales, considerados jurisdicciones no cooperativas, que habrá de ser actualizada periódicamente".  La nueva ley incorpora a su vez la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales criptomonedas como el bitcoin, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles.

Según fuentes de Hacienda, la norma "incorpora medidas para combatir el fraude tributario ligado a las nuevas tecnologías, permitirá perseguir los comportamientos inadecuados de las grandes empresas y contribuirá a evitar la planificación fiscal abusiva. Asimismo, contiene actuaciones para reducir la litigiosidad con los contribuyentes y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

Críticas de Gestha

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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, agrupados en Gestha, consideran que la nueva ley no reducirá la economía sumergida porque no incorpora medidas de control para que se asegure su aplicación, pese a reconocer avances en el proyecto aprobado esta mañana en el Congreso. En concreto, Gestha valora que se hayan incluido una decena de medidas que han propuesto desde hace años, como la limitación de pagos a 1.000 euros, la baja tributación para considerar paraíso fiscal, incluir en la lista de deudores tributarios las deudas desde 600.000 euros añadiendo a los responsables solidarios, el control sobre los premios de loterías obtenidos por las empresas, o el endurecimiento del régimen de SICAV y SOCIMI para evitar los abusos, entre otras medidas.

También piensa que es muy relevante que se haya aprobado una larga reclamación para la evaluación de la economía sumergida, a pesar del voto contrario del Grupo Socialista y del criterio desfavorable del Ministerio de Hacienda. Por el contrario, rechaza que la ley no recoja un aumento de las competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda, por lo que en la próxima década se seguirán centrando el 75% de las actuaciones de control en el IRPF de particulares y autónomos para descubrirles una deuda media de 980 euros, o en el control de contribuyentes en Módulos con una deuda media de 667 euros.