Conflicto de competencias

La Generalitat pide 15 millones al Gobierno para gestionar el ingreso mínimo

  • El Govern le plantea a la Seguridad Social asumir la gestión directa de la renta estatal para acelerar su despliegue

  • La administración catalana rechaza reformar su propio reglamento y amenaza con ir al Tribunal Constitucional si no hay acuerdo

Posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital hacen cola a las puertas de una oficina de la Seguridad Social.

Posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital hacen cola a las puertas de una oficina de la Seguridad Social. / Manu Mitru

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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Esta información se publicó el día 08/02/2021. El contenido hace referencia a esa fecha.

El Govern de la Generalitat ha trasladado una oferta al Gobierno central para asumir la gestión directa del ingreso mínimo vital (IMV) y para ello le pide 15 millones de euros anuales, como compensación por los gastos. Esta oferta busca acercar posiciones en el choque de competencias por el encaje del nuevo ingreso mínimo vital (IMV) y la 'renda garantida ciutadana' (RGC). Las conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat avanzan en privado y sin grandes aspavientos en público, pero el convenio de gestión compartida que hace meses que negocian ambas administraciones todavía no está cerrado. La semana pasada, ambas administraciones acordaron la reconversión de 20.000 rentas catalanas al ingreso mínimo en las próximas para evitar duplicidades; según fuentes del Departament de Treball de la Generalitat. 

La falta de un entente lastra el despliegue del ingreso mínimo en Catalunya y resta eficiencia a la distribución del gasto público. Con el acuerdo de reconversión de esas 20.000 rentas catalanas, la Generalitat se ha liberado de un gasto anual de 74 millones de euros que ahora pretende reconvertir a otros subsidios. Según los últimos datos de la nómina de diciembre de la Seguridad Social, en Catalunya un total de 11.244 familias perciben el IMV; mientras que la RGC, con tres años de existencia, la cobran 92.418 hogares.

El problema de la falta de un protocolo de gestión compartida puede venir cuando los beneficiarios del ingreso mínimo vayan creciendo, haya algunas familias que cobren de manera simultánea también la RGC y la administración catalana adquiera constancia de ello meses más tarde. Lo que obligaría al Departament de Treball, por su propia ley, a exigir parte del dinero que durante ese tiempo (semanas o meses) ha estado pagando a dichas familias. "Las familias que cobran la RGC tienen garantizados sus ingresos y en ningún momento no se verán perjudicados por las negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno central", afirman desde Treball.

Dicha duplicidad podría provocar lo que se conoce técnicamente como "cobro indebido" y obligaría a la Generalitat a requerir todo o parte de los ingresos que gestionan ellos a familias con alta vulnerabilidad. Una situación que guarda similitudes con los errores de cálculo de la prestación por erte que han vivido algunos trabajadores. El SEPE les pagó de más por error y posteriormente les pidió que devolvieran el dinero. En este caso, la Generalitat puede ir detectando que ha estado pagando la renta catalana a familias que ya cobraban el IMV y posteriormente les pida que devuelvan parte del dinero cobrado.

Pues entre ingreso mínimo y renta catalana, el ciudadano debe cobrar primero el ingreso mínimo, aunque la catalana sea superior en importe. Mientras la RGC va de 664 euros a los 1.208 euros mensuales, el IMV contempla una horquilla de 461 euros a 1.015 euros. La Generalitat tendría la opción de cambiar su propia normativa y hacer complementaria su renta con la estatal, evitando así esos cobros indebidos. No obstante, desde la administración catalana ven en el IMV una invasión competencial, tal como ya denunciaron públicamente el verano pasado. Hasta el punto de que fuentes de Treball señalan que irán al Tribunal Constitucional a partir del 4 de marzo si no se ha llegado a un acuerdo con el Estado para el traspaso de la gestión.

Desde el Departament de Treball rechazan cambiar su reglamento y también quieren evitar a toda costa tener que convertirse en un “cobrador del frac” de subsidios, pues sería suya la responsabilidad de requerir a los posibles beneficiarios que cobraran las dos rentas el dinero de la catalana. Y aprietan al Estado para cerrar un convenio de gestión y asumir la gestión de las competencias. Fuentes consultadas de Treball afirman tener un principio de acuerdo con el PSOE para tal menester, a cambio del apoyo que brindaron a los Presupuestos Generales del Estado. Según este, la Seguridad Social se compromete a transferir las competencias de gestión del ingreso mínimo vital a Treball; así convivirían ambos subsidios, se gestionarían de manera centralizada desde las oficinas catalanas del SOC y se evitaría ese "conflicto competencial".

Amenaza con ir al Tribunal Constitucional

"El Ministerio ha reiterado que no tiene ningún afán en retener la gestión del IMV y será traspasada cuando las comunidades autónomas estén en condiciones de gestionarlo con eficiencia", afirman desde la Seguridad Social. No obstante, ese principio de acuerdo no se ha materializado todavía en un convenio de gestión, por más que el ministro de Inclusión, José Luís Escrivá, ha reconocido el interés y predisposición manifiesta de la Generalitat por asumir las competencias de gestión; según constató en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO

Entre administraciones ya han pactado a medio plazo la reconversión de 10.000 rentas catalanas más al IMV. Junto al compromiso de estudiar nuevas ampliaciones a medida que ambas administraciones compartan información, que podrían sumar entre 2.000 y 10.000 familias más que actualmente cobran la renta catalana. Y, como contrapartida, Treball pide 15 millones anuales para sostener los gastos del día a día de la gestión. "El trabajo está hecho", sostienen desde el número 266 del Passeig Taulat de Barcelona.

En una mano la oferta y en la otra una amenaza de litigio. Ya en verano del 2020 la Generalitat amenazó con llevar lo que consideraba una invasión de competencias al Tribunal Constitucional. Y si no recibe una respuesta satisfactoria a su propuesta, el 4 de marzo pretende hacer efectiva esa amenaza y formalizar los trámites ante el alto tribunal, según señalan fuentes consultadas de Treball. 

150 millones para complementos

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Según el escenario dibujado por los técnicos de la Generalitat, la gestión unificada de ambas rentas liberaría entre 120 y 150 millones de euros que actualmente invierte la administración catalana y que podría redirigirlos a otras prestaciones. Es decir, parte de esos fondos podría destinarlos a que potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital cobrarán un ‘extra’ y otra parte los derivaría a reforzar nuevos complementos para reducir el riesgo de exclusión social de los beneficiarios.

En este sentido, desde la Generalitat estudian mejorar el importe de los complementos sociales por hijo a cargo, crear ayudas para pagar el alquiler y complementos salariales para trabajadores con bajos ingresos.