La pensión de los parados desde el 2011 puede llegar a caer en 1.100€

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, estimó este jueves que alrededor de un millón de trabajadores parados de más de 50 años están en desempleo desde el 2011 (hace 10 años). Para este perfil de personas --que pudieron haber estado cotizando a la Seguridad Social hasta el 2011 sobre unas bases elevadas y que llevan 10 años sin haber vuelto a trabajar-- podría resultar ventajoso, según el ministro, una hipotética decisión del Gobierno de alargar el periodo que sirve para estimar la cuantía de la pensión por encima de los 25 años que rigen en la actualidad. Ello les permitiría dar un mayor peso a mejores años de su vida laboral.

Así lo explicó el ministro este jueves durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, sin dar por hecho que el Gobierno haya decidido alargar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, pero aportando algunos datos que está recopilando el Ministerio antes de hacer una propuesta sobre esta cuestión a los agentes sociales.

En el caso concreto de un trabajador que venía cotizando por bases máximas hasta ser despedido en 2011 y que no ha vuelto a encontrar empleo hasta su jubilación, el sistema actual le otorgaría una pensión de 1.570 euros, frente a los 2.683 euros que le hubieran correspondido en caso de haber seguido cotizando al máximo nivel. Esto implica 1.113 euros menos. Un trabajador en esta situación, dijo el ministro, obtendría ventaja si la base de cálculo se ampliara más allá de los 25 años actuales.

Comparecencia

El ministro compareció a petición propia en la comisión parlamentaria para dar informar sobre el desarrollo de la reforma del sistema de pensiones en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo. El Grupo Popular, además, había solicitado la comparecencia del ministro para aclarar si se prevé ampliar de 25 a 35 años el periodo de cotización para el cálculo de las pensiones y si la implementación de esta medida supondrá un recorte de hasta un 6% en las futuras pensiones, tal como figuraba en borradores del Ministerio de Inclusión.

Sobre esta cuestión, el ministro ha reiterado que no se ha adoptado ninguna decisión y que su Departamento aún está en fase de análisis de los datos, como el que aporta que alrededor de un millón de parados se podría ver beneficiado por un periodo de cálculo más amplio. Sin embargo, aún no aportó datos sobre el supuesto contrario: el número de trabajadores que se verían perjudicados por esa hipotética decisión.

El ministro repasó cada una de las 17 recomendaciones de reforma del Pacto de Toledo y explicó en qué punto se hayan los trabajos de su Departamento. Tal como adelantó en EL PERIÓDICO, Escrivá explicó que el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones "debe tener en cuenta años con IPC negativo y positivo, si bien se prevé que los años de IPC negativo se compensen a futuro", dijo.

Cálculos

Sobre la predisposición a alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, Escrivá desveló que una encuesta realizada por el Ministerio muestra que en torno al 35% de los consultados estaría dispuesto a hacerlo a cambio de un aumento del 4% de la pensión. El porcentaje se eleva al 75% si el incentivos es un pago único.

El ministro también aportó el dato de que, mientras que adelantar la jubilación dos años puede suponer una penalización del 16% en una base de cotización media, esta se limita al 4% cuando se cotiza por la base máxima. A partir de aquí reiteró su objetivo de acabar con este efecto regresivo aunque aún tampoco en este caso precisó su propuesta.

Lo mismo en el caso del complemento de pensión por maternidad. Los datos aportados por el ministro desvelan que la pensión media de una mujer sin hijos, de 1.326 euros, baja a 1.053 euros para las que tienen dos hijos por el menor número de años cotizados. En el caso de mujeres con tres hijos, la pensión media baja a 934 euros y para cuatro hijos o más, a 826 euros.

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