Seguridad Social
Escrivá plantea un complemento de pensión de 20 euros por hijo
La nueva prestación por maternidad se aplicará desde el primer hijo y podrán optar los hombres
El ministro de Seguridad Social plantea bajar los límites de renta para acceder al Ingreso Mínimo Vital
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha planteado a los agentes sociales que el nuevo complemento de pensión por maternidad (o paternidad, si es el padre quien se ocupa del cuidado del bebé) se aplique desde el primer hijo (y no desde el segundo, como sucede ahora) y en forma de una cantidad fija. Esta podría oscilar entre los 20 y los 25 euros adicionales en la nómina mensual de la prestación por cada una de las 14 pagas anuales.
Así lo han explicado a EL PERIÓDICO fuentes del diálogo social, después de que el propio ministro Escrivá anunciara en una entrevista con este medio su intención de reformar el complemento de pensión por maternidad "a finales de enero o principios de febrero" para cumplir con lo dictado por el Tribunal de Justicia Europeo y extenderlo a los hombres y desde el primer hijo.
Este lunes Escrivá confirmó en La Sexta su intención de acometer esta reforma "en los próximos 15 días". Fuentes del diálogo social han explicado que la propuesta del Gobierno de establecer una cuantía fija (20 ó 25 euros por mes) en lugar de un porcentaje (del 5%, 10% o 15% para el segundo, tercer o cuarto hijo y siguientes), como sucede en la actualidad, pretende otorgar un mayor beneficio proporcional a las pensiones más bajas. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social han rehusado confirmar la existencia de esta propuesta, en consideración al proceso de diálogo social.
Antes de la aprobación de esta medida, todavía en negociaciones con patronal y sindicatos, el titular de Seguridad Social prevé llevar al Consejo de Ministros de este martes la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones; para extenderla un año más y con efecto retroactivo a 1 de enero de este ejercicio. Esta cláusula consiste en una garantía jurídica incluida en la reforma de pensiones del 2011 que alargó la edad de jubilación, que garantiza el mantenimiento de las condiciones del retiro previas a esa reforma para aquellos trabajadores despedidos antes de su entrada en vigor, para blindarlos en el caso de que no volvieran a encontrar trabajo.
Ingreso mínimo vital
Durante su entrevista en La Sexta, Escrivá también ha anunciado que el Gobierno prevé rebajar los límites actuales de renta y patrimonio neto que dan acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el fin de hace llegar la prestación a un mayor número de personas en situación de pobreza. El ministro explicó que su Departamento llevará a "uno de los próximos consejos de ministros" una "reforma parcial" del IMV en este sentido.
Además se aplicará en sentido más amplio el concepto de "unidad de convivencia" para dar acceso a la prestación a personas que viven en centros públicos de acogida (cómo Cáritas, por ejemplo); en lugares precarios, como "caravanas", citó el ministro; o para el caso de varias familias que comparten un mismo domicilio. "Vamos a acordar con los servicios sociales de los ayuntamientos y oenegés colaboradoras con la Secretaría General de Inclusión, que sean ellos quienes certifiquen este tipo de situaciones", ha explicado Escrivá.
Cuando el Gobierno diseñó la prestación, en junio, previó que el IMV podría llegar a unas 800.000 familias. Sin embargo, con datos de enero, esta cifra apenas ronda las 200.000 familias. Al modificar los requisitos de renta y patrimonio neto preexistente y la definición de unidad familiar, el Gobierno pretende aumentar el número de beneficiarios de una prestación para la que existe un presupuesto anual en el entorno de los 3.000 millones de euros. El compromiso de Escrivá, reiterado en su reciente entrevista en EL PERIÓDICO, es de alcanzar para finales de este ejercicio ese objetivo de 800.000 hogares cobrando el ingreso mínimo vital.
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