El Gobierno no incluye elevar el cálculo de la pensión en las reformas remitidas a Bruselas

El Gobierno ha enviado a Bruselas su agenda legislativa para dar cumplimiento a las recomendaciones del próximo semestre europeo, en la que evita concretar el alcance de sus contrarreforma laboral y de pensiones. La pretendida ambigüedad del texto permite a los socios de coalición liberar tensiones internas y modular los contenidos en las negociaciones con los agentes sociales y en el seno de la UE. Entre los puntos que figuran en los documentos remitidos a la Comisión Europea no consta, entre otros, elevar a 35 años el cálculo de la pensión, tal como ha reconocido este martes en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y adelantó el titular de Seguridad Social, José Luís Escrivá, en una entrevista esta semana en EL PERIÓDICO.

El Gobierno remitió el pasado lunes dos documentos a la Comisión Europea con las principales prioridades de su agenda legislativa para este ejercicio en materia sociolaboral. Y este martes se los ha presentado por escrito a patronal y sindicatos. Los textos son fruto de la deliberación entre las dos formaciones que componen el Ejecutivo de coalición y reflejan los consensos del programa. No obstante, el nivel de concreción del redactado es más ambiguo y aborda, de manera pretendidamente superficial, el contenido a desarrollar. Esta fórmula es la que se ha impuesto en las reuniones en Moncloa, con la voluntad de no quedar atados de manos ante compromisos concretos y dejar margen para la negociación en el seno del diálogo social y dentro de las relaciones con la UE.

Atajar la elevada temporalidad que estructuralmente arrastra el mercado laboral español es la gran asignatura pendiente que aspiran a resolver las reformas planteadas. Fuentes conocedoras de los documentos explican que el nivel de concreción es inferior al del programa de coalición para permitir que la materialización de todas las medidas pase por el diálogo social. El planteamiento evita generar fricciones en el seno del Gobierno ante temas como las pensiones (donde hay posiciones contrapuestos en algunos puntos) y, a su vez, responde a la petición de los sindicatos de no ser "tan taxativos como para dejar sin oxigeno las mesas de diálogo social", según planteó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, la semana pasada tras reunirse con la plana mayor del Gobierno.

Sin "reforma laboral"

Los documentos del Plan de Reformas e Inversiones remitidos a la Comisión Europea evitan términos como "derogación de la reforma laboral", que, no obstante, sí aparecen en el programa de colación. El Ejecutivo pretende evitar polémicas sobre el contenido concreto detrás del concepto, como ya ocurrió en anteriores episodios (como el vivido con EH Bildu en el Congreso el año pasado). El término que se impone en los documentos es la "modernización del mercado laboral" y la reformulación de la negociación colectiva es una de los principales huesos.

La hoja de ruta del Ministerio de Trabajo pasa por retomar las cuestiones que tuvo que apartar tras la irrupción de la pandemia en marzo, como son la recuperación de la ultraactividad y la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa. Los sindicatos van escalando la presión en este sentido y este martes han vuelto a convocar concentraciones en las calles para el próximo 11 de febrero.

El equipo de Yolanda Díaz ha remitido a Bruselas una hoja de ruta con 17 reformas estructurales. Entre estas se cuentan algunas ya en negociación, como la 'Ley Rider' o la reforma integral de las políticas activas de empleo. Y otras pendientes de abordar, como la consolidación de un nuevo sistema de ertes como alternativa al despido y a la elevada temporalidad.

La reforma de las pensiones, en dos fases

Otro campo en el que el Gobierno plantea reformas y así se lo ha hecho saber a Bruselas es en lo relativo a pensiones. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, pretende articular su programa en dos bloques. El primer pretende tenerlo pactado con los agentes sociales y ya en trámite parlamentario antes de finalizar el primer trimestre del año. Este incluye la nueva fórmula para revisar el poder adquisitivo de las pensiones, cambios en el sistema de incentivos para la jubilación anticipada o para la jubilación demorada.

A más largo plazo, Escrivá tiene pendiente abordar con los agentes sociales la reordenación de gastos "impropios" de la Seguridad Social pero que actualmente corren a cargo de la misma. También transitar en el régimen de autónomos a una cotización en función de sus ingresos reales, algo que pretende que esté operativo, al menos para parte del colectivo, a partir del 2022.

Y lo que el Gobierno no tiene actualmente en su agenda es elevar el cálculo del importe de la pensión de los actuales 25 años a 35 años. Así lo dejó claro el ministro Escrivá en su reciente entrevista en EL PERIÓDICO, reafirmó ayer en rueda de prensa y tampoco consta explícitamente en los documentos remitidos a Bruselas.