El Govern ultima un plan de choque para la industria con 360 millones de euros

El Govern de la Generalitat ultima un plan de choque para blindar la actividad industrial ante el tsunami económico que ha desatado el coronavirus. La 'conselleria' de Empresa negocia con las patronales y los sindicatos más representativos una batería de actuaciones dotada, en su última oferta, de un presupuesto de 360 millones de euros; enmarcadas estas medidas en un Pacte Nacional per a la Industria exprés de un año. Las negociaciones se encuentran en una fase avanzada, con la voluntad tener cerrado un acuerdo antes de finalizar el mes de noviembre y así pueda este entrar en vigor en enero del 2021; según confirman a EL PERIÓDICO diversas fuentes conocedoras de las mismas. Desde la 'conselleria' admiten las negociaciones, pero ni confirman ni desmientan las cifras.

La crisis de la covid está siendo sobre todo la crisis del turismo, pero también ha ahondado otras crisis ya en ciernes antes de la llegada del virus. General Cable, T-Systems, Microson o Nissan fueron algunas de las empresas del sector industrial que ya en el 2019 presentaban problemas y procesos de reestructuración. Este 2020 se han añadido Faurecia, TE Connectivity, Robert Bosch o Saint Gobain, entre otros. Los semáforos de la ‘conselleria’ de Empresa, un sistema interno de clasificación de riesgos en los que una empresa está en rojo, ámbar o verde en función de la salud de sus cuentas, tienen números para sumar nuevos rojos.

Pimec pide un rescate empresarial para evitar una ola de cierres sin control

El sector de la automoción es uno de los especialmente damnificados, a las puertas de un inevitable proceso de transformación hacia el vehículo eléctrico que amenaza con dejar por el camino una estela de despidos notable. Es por ello que este ramo de actividad, con un peso importante en el PIB catalán, tendrá un peso importante en el presupuesto que negocian el Govern y los agentes sociales. Según la primera propuesta remitida desde Empresa a estos, alrededor de un tercio de los 360 millones de euros estará destinado a apoyar al sector de la automoción.

El Pacte Nacional per a la Industria es un acuerdo marco alcanzado entre la Generalitat, Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT para definir una serie de políticas públicas para incentivar la industria en Catalunya. Este compromiso plurianual pretendía movilizar 1.835,5 millones de euros durante el periodo 2017-2020, aunque finalmente se acabaron ejecutando el 69,4% de los fondos y con pobres resultados en aquellas partidas más innovadoras y menos de gestión de proyectos ya existentes.

La pandemia ha irrumpido en el impás en el que las partes tenían que renegociar la renovación de este acuerdo. Una renovación que también coincide con unas nuevas elecciones en Catalunya, lo que, sumado, ha obligado a Govern y agentes sociales a introducir un giro de guión. El esquema es negociar ahora unas medidas de choque para paliar los efectos del coronavirus, que estas entren en vigor en enero del 2021 y ya a partir de entonces, con más tiempo, un nuevo Govern y la posibilidad de un nuevo Presupuestos que de contenido al pacto, negociar otra renovación a partir del 2022 y por varios años.

Avançsa, una herramienta clave

Las negociaciones que comenzaron con el equipo de la ex ‘consellera’ Àngels Chacón las pretende culminar su abrupto sucesor, Ramon Tremosa. Empresa está liderando las negociaciones, pese a ser el Pacte Nacional per a la Industria un acuerdo transversal en cuanto a departamentos. Los 360 millones de euros que ha puesto encima de la mesa no entusiasman a los agentes sociales, pero la cuantía no amenaza con ser un escollo infranqueable. "Siempre es insuficiente… en algunas partidas se llega a un mínimo y en otras no. Ahí está la negociación ahora", cuenta una fuente presente en las conversaciones. Una parte de esos 360 millones de euros (oferta sujeta a variaciones) irá vía ayudas directas y otra vía avales para créditos.

Dentro de ese despliegue de recursos, Avançsa jugará un rol importante. Esta es una sociedad mercantil íntegramente participada por la Generalitat y cuya misión es "impulsar la reconversión industrial del país y dar apoyo técnico, administrativo y económico a las empresas", según reza en la página web de esta entidad. Avançsa es una especie de SEPI a la catalana, que puede servir al Govern para entrar a participar con capital público en proyectos industriales que considere estratégicos y asegurar así su viabilidad.

La inestabilidad en Madrid y los fondos europeos

La inestabilidad política en Catalunya y las nuevas elecciones convocadas el 14 de febrero del 2021 (las terceras en el último lustro) no es la única inestabilidad que puede privar de recursos públicos a la industria catalana. La falta de unos Presupuestos Generales del Gobierno bloquea, de momento, la posibilidad de anticipar parte de los 140.000 fondos europeos para la reconstrucción pos covid. "Mientras no se abra aquel grifo, aquí no va a llegar agua", resume otra fuente conocedora de las negociaciones.

El protagonismo que el plan de choque industrial quiere dar a la industria del auto parte del escenario pos Nissan. Pues si bien el Pacte Nacional anterior estaba construido con dos grandes fabricantes en Catalunya, para el que viene ya solo queda uno: Seat. La aceleración de la implantación del vehículo eléctrico en el sector del auto mediante los fondos europeos y los proyectos que se están coordinando desde el Ministerio de Industria también jugarán un rol clave en la reordenación de las políticas industriales de la Generalitat.

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