Ryanair deberá pagar 36.000 euros por la sanción de Inspección en Girona

Ryanair deberá pagar un total de 36.000 euros a la Seguridad Social ante el acta levantada por Inspección de Trabajo, que dictaminó una cesión ilegal de 18 trabajadores en su base de Girona. Así lo ha confirmado a EL PERIÓDICO el Departament de Treball de la Generalitat, que ha precisado que la cuantía impuesta por la ‘policía laboral’ ha sido del doble inicialmente contemplado por ley, debido a su historial previo de infracciones. La aerolínea ha declinado responder a las preguntas de este medio.

La Inspección de Trabajo levantó acta ante la denuncia interpuesta por el sindicato USO en abril del 2019, ya que la central interpretaba que la aerolínea estaba practicando una cesión ilegal de trabajadores. Es decir, que contrataba tripulantes de cabina mediante segundas empresas, aunque estos respondían a las órdenes directas de personal de Ryanair. Lo que otorgaba a Ryanair una flexibilidad (y a los trabajadores una inestabilidad) no permitida ni por la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT); según explicaron fuentes del Departament de Treball. Las compañías involucradas son Crewlink y Workforce.

No es la primera vez que Ryanair se ve involucrada en un correctivo por parte de Inspección de Trabajo. La aerolínea de origen irlandés recibió requerimientos el año pasado durante las protestas de tripulantes y pilotos contra el cierre de bases. Entonces la autoridad laboral levantó acta contra la aerolínea por vulneración del derecho de huelga y obstrucción a la actuación inspectora. En esta ocasión el historial de infracciones ha doblado el importe requerido por Inspección, que ha sido el máximo permitido por ley.

Juicio pendiente e inspecciones por venir

Ryanair tiene la posibilidad de recurrir ante los tribunales el requerimiento de Inspección de Trabajo. Independientemente de ello, la aerolínea deberá personarse el próximo martes en el juicio programado en la Audiencia Nacional, donde los sindicatos USO, Sitcpla y Sepla han llevado a Ryanair para impugnar el ERE que cerró a finales del año pasado, acabó afectando a 432 empleados y se saldó con el cierre de sus bases en las Islas Canarias.

La base que finalmente Ryanair no cerró, pese a que estuvo en la lista hasta el último momento, fue la de Girona. Allí la aerolínea impuso un recorte laboral a los tripulantes de cabina y pilotos para ahorrar costes, que afectó a alrededor de 120 trabajadores. Precisamente dicho recorte está siendo investigado por Inspección de Trabajo, con el fin de determinar si fue acorde con el ordenamiento legislativo vigente.