PLAN POR UN TRABAJO DIGNO

Radiografía de la lucha contra los falsos autónomos

A mediados del año pasado el Gobierno anunciaba su objetivo de acabar con el fenómeno de los “falsos autónomos” en España a través de distintas medidas y el incremento en la dureza de las multas a las empresas. UATAE nos cuenta cómo ha avanzado desde entonces esta acción del Ejecutivo.

A mediados del año pasado el Gobierno anunciaba su objetivo de acabar con el fenómeno de los "falsos autónomos" en España a través de distintas medidas. UATAE nos cuenta cómo ha avanzado desde entonces esta acción del Ejecutivo

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Lidia Álvarez Vellido

Lidia Álvarez Vellido

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El 27 de julio de 2018 el Consejo de Ministros aprobaba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020 con distintos objetivos, entre los que se encuentra “acabar” con el reciente incremento de los “falsos autónomos”.

Según estima la Unión de Asociaciones de Trabajadores, Autónomos y Emprendedores (UATAE); el año pasado existían 225.000 trabajadores en esta situación, 15.000 más que en 2017, lo que se traduce en unas pérdidas de los ingresos de la Seguridad Social de 592 millones de euros al año.

En este sentido, estas medidas han regularizado, hasta enero de 2019, un total de 18.851 falsos autónomos; de las que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social destaca aquellas llevadas a cabo en el sector cárnico, que afectan a 11.978 trabajadores en esta situación de fraude.

Estas acciones han crecido en más de mil en comparación con los años anteriores sumando en 2017 un total de 1.845 y en los dos años anteriores 1.103 y 1.574, respectivamente.

“Ha sido en este Gobierno, y no en ninguno de los anteriores, cuando se ha tomado en consideración la precariedad del empleo y el auge desmesurado de la figura del falso autónomo y se ha actuado en consideración con ello”, destaca María José Landaburu, secretaria general de UATAE, quien cree que, aunque queda mucho por hacer, “es de agradecer ya que ha sido un primer impulso para combatir el fraude".

El auge de los falsos autónomos

La secretaria general de la Asociación,  define esta figura como aquella persona adscrita al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos pero que cumplen las funciones de un trabajador por cuenta ajena en términos de total dependencia, ajenidad y retribución.

Las grandes plataformas de economía digital dadas a luz en los últimos años ha hecho que exista “un auge del uso fraudulento de esta figura aunque ya era tradicional su uso en muchos sectores como en el de la abogacía o el periodismo”, aclara Landaburu.

Este Plan busca recuperar ciertos derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo, así como garantizar la competencia leal entre empresas en el mercado de trabajo.

En concreto, “el plan de choque del Gobierno lleva integrado principalmente un aumento de las inspecciones de trabajo a todos los niveles”, señala la experta, quien cree que éste primer impulso “debe acompañarse con medidas que garanticen los derechos del trabajador autónomo para conseguir que el RETA deje de ser un chollo”.

¿Qué está haciendo el Gobierno?

En este sentido, el documento recoge dos medidas dirigidas de forma específica a acabar con los denominados “falsos autónomos”, los cuales no existen “en exclusiva en un determinado sector de actividad”, explica el Ministerio en el texto.

Entre las 75 medidas se encuentran:

-La medida 38, dirigida a aumentar las inspecciones de trabajo en los puestos de trabajo relacionados con el turismo en las Comunidades Autónomas de Baleares y Canarias durante la temporada alta.

-La medida 40, dirigida a identificar a las empresas que “emplean” a este tipo de trabajador por cuenta propia.

En este sentido, estas inspecciones también se incrementaron tras la reforma de los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, según se informaba desde la Moncloa.

Asimismo, a finales de año el Ministerio de Trabajo también informó del crecimiento de las multas que se pondrían en los casos de detectar falsos autónomos que deberían estar contratados por la empresa.

Éstas oscilan entre 3.126 a 10.000 euros por trabajador debido a que se considera una infracción grave.