UGT reclama al Gobierno la derogación de la reforma de pensiones del PP

La subida de las pensiones acordada por el Gobierno el pasado viernes ha satisfecho en parte a los sindicatos, pero la continúan considerando una medida insuficiente porque no se han puesto en marcha mecanimos para derogar completamente la reforma del sistema de prestaciones pública aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el 2013.

En este sentido, el sindicato UGT ha insistido en que hace falta "ir más allá de una revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo (IPC) y exige la derogación de la reforma de las pensiones del Gobierno del Partido Popular". Para la central, esa reforma "condena a los pensionistas presentes y futuros a un empobrecimiento contínuo y permanente, mediante el factor de sostenibilidad". El sindicato recalca que la derogación es una demanda sindical y social, que la han defendido en el marco del diálogo social, pero también en las multitudinarias manifestaciones que se han realizado en múltiples ciudades españolas "desde que en septiembre del 2017 UGT y CCOO iniciaron las marchas por las pensiones dignas".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, manifestó el pasado viernes que la revalorización de las pensiones de cara al futuro debería estar vinculada al IPC "de manera automática y de forma indefinida en el tiempo" y fijarlo así en la ley general de Seguridad Social.

En el decreto aprobado el viernes por el Gobierno, con una subida de las pensiones por encima de la inflación prevista en 2019, del 1,6 % general y del 3 % para las mínimas y no contributivas, no se incluía la derogación del mecanismo de revalorización anual impuesto por el PP en su reforma del 2013. El borrador del decreto ley sí que suprimía esa fórmula, pero en el texto final solo se dispone que no se aplique la normativa vigente por la que entre el 2014 y el 2017 la subida de las pensiones fue del 0,25 %.

En su referencia, el Gobierno destacó que gracias al real decreto no se aplicará "lo dispuesto en el artículo 58 de la ley general de la Seguridad Social y 27 de la ley de clases pasivas del Estado, normativa por la que entre el año 2014 y julio de 2018 la subida de las pensiones fue del 0,25%". Pero en lugar de derogar estos artículos, como exigen los sindicatos, en la norma se recoge "la voluntad del Gobierno de que en los primeros seis meses del próximo año, en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo", se diseñe un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social.