Recortes para la gran industria en la subasta de interrumpibilidad

El descuento para la industria electrointensiva sufrirá un tijeretazo en el primer trimestre del 2019. La subasta de interrumpibilidad para los primeros seis meses del año ha terminado con la adjudicación de los 2.600 megavatios ofertados por un importe de 101,15 millones de euros, según ha informado Red Eléctrica Española (REE). Una cifra muy alejada de los 300 millones del año pasado y de los 500 millones de los años anteriores.

En concreto, se han asignado 21 bloques de 40 megavatios y 352 bloques de 5 megavatios a un total de 124 consumidores y un precio final de 105.429 euros megavatio y año para los productos de 40 MW y de 64.624 euros megavatio y año para los de 5 megavatios.

El Gobierno aprueba la creación del estatuto de la industria electrointensiva

En anteriores subastas, el pago a la gran industria fue del entorno de los 500 millones de euros al año (250 de media cada seis meses). Así, en 2015 fue de 508 millones de euros, en 2016 de 503 millones y en 2017 de 525 millones. En el año 2018, el precio se situó en los 300 millones de euros.

Descuento que pagan los consumidores

El servicio de interrumpibilidad fue diseñado para asegurar en todo momento el suministro eléctrico. Es decir, los grandes consumidores (las industrias) se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando sea necesario a cambio de recibir estos pagos. Estos descuentos a la gran industria se pagan a través de peajes en la factura de la luz mensual de los consumidores.

El supervisor de la subasta, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se mostró en varias ocasiones poco favorable a este sistema llegando a emitir el año pasado un informe en el que advertía sobre "el elevado coste que tiene este mecanismo, apenas utilizado". La CNMC cifró el coste de organización de estas de subastas alrededor de los 500.000 euros, más del doble del precio de celebración de otras subastas gasistas o eléctricas.

Polémica con Alcoa

Este año, además, la subasta llega dos meses después de la decisión de Alcoa de cerrar sus fábricas situadas en Avilés y La Coruña, siendo esta empresa una de las principales adjudicatarias. La ministra Teresa Ribera dijo entonces que no se le permitiría participar en esta nueva subasta, sin embargo y según informa Cinco Días, la empresa estadounidense se habría llevado 21 millones en la presente subasta.

No obstante, la intención del ministerio para la Transición Ecológica es modificar esta subasta para "que no ocurran situaciones en las que una empresa se lleve la mayor parte de dinero en interrumpibilidad". Para ello, el pasado viernes, ya aprobó la creación de un estatuto para la industria electrointensiva que deberá ser desarrollado de forma normativa en el plazo de seis meses.