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en la Audiencia Nacional

El juez cita como imputados a Serra y Todó el día 20 por Catalunya Caixa

Anticorrupción denunció hace casi un año a la cúpula de la entidad por un perjuicio de 720 millones de euros

Ángeles Vázquez

Todó y Serra, en el 2010. 

Todó y Serra, en el 2010.  / EFE

Casi un año después de que la Fiscalía Anticorrupción denunciara a la excúpula de Catalunya Caixa por un presunto perjuicio a la entidad de más de 720 millones de euros, a través de operaciones inmobiliarias cuando menos cuestionables, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha procedido a citarla. Inaugurará la ronda de imputados el exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, que fue su presidente, y quien entonces era su director general, Adolf Todó. Ambos declararán el próximo 20 de febrero.

En una providencia dada a conocer este miércoles el magistrado cita también a los otros trece altos cargos de la caja contra los que se dirigía la denuncia fiscal. Todos ellos, entre los que también está quien era su vicepresidente en 2007, Antonio Llardén, declararán como imputados ante el magistrado entre los días 20 y 23 de febrero. Llardén lo hará el día 22.

Será entonces cuando los 15 investigados puedan defenderse por primera vez del delito de administración desleal que les atribuyó Anticorrupción en la denuncia que presentó la Audiencia Nacional en marzo del año pasado, después de estudiar las irregularidades detectadas en la entidad por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), tras su nacionalización.

Sin discusión

Algunos no lo tendrán fácil, porque fiscalía destacaba que “la total falta de preparación técnica de la mayor parte” de los miembros del consejo de administración les llevaba a aprobar  ”cualquiera de las propuestas” que les plantease el director general. La “ausencia de un auténtico control” hacía que el presidente, el director general y su adjunto (José María Loza) fueran quienes "realmente" decidían en la caja, sin que sus decisiones “jamás” fueran puestas en entredicho.

De ahí que atribuya a quienes formaron parte de su cúpula "acuerdos contrarios al buen sentido económico” que entrañaron “un claro perjuicio patrimonial” a la entidad por un importe superior a los 720 millones de euros a través de una quincena de operaciones inmobiliarias realizadas por su filial, Procam, entre el 2000 y el 2007, en España, Polonia y Portugal.