Hacienda ratifica el informe que acusa a Rato de delito fiscal
Los técnicos de la Oficina Antifraude constatan ante el juez movimientos de dinero en paraísos fiscales relacioandos con el ex ministro
Técnicos de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, han ratificado este miércoles el informe que acusa al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre el 2004 y el 2015 a través de un entramado de sociedades. Los técnicos, citados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, han expuesto ante la Fiscalía Anticorrupción y las defensas su versión definitiva en relación con los hechos denunciados por la ONIF. También está prevista la comparecencia como investigado del asesor fiscal del exvicepresidente, Fernando Sedano.
En su informe final de 642 páginas, la ONIF habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio exvicepresidente del Gobierno. Al respecto, los técnicos insisten en que Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros durante esos años a través del "tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente".
INVESTIGACIÓN EN MARCHA
Estas últimas comparecencias se producen en un momento clave de la investigación, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su familia. De hecho, se espera que Rato responda esta misma semana al informe de la Guardia Civil remitido al juez que investiga el origen de su fortuna, ya que tiene de plazo hasta el este jueves, según han señalado fuentes jurídicas.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha sobreseído provisionalmente la pieza en la que el juez de Instrucción número 31 de Madrid investiga a Rato por los dos millones de dólares que recibió del banco de inversiones Lazard, en el que trabajó antes de ser nombrado presidente de Bankia, y su posible relación con las contrataciones que la entidad nacionalizada efectuó posteriormente con el citado fondo.
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