El Gobierno desarrollará una ley para desvincular los servicios públicos del IPC

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros aprobará en breve, puede que este mismo viernes, un real decreto para "desarrollar y completar" la ley de desindexación de la economía, aprobada en el 2014 y que entró en vigor en marzo del 2015. El objetivo de estar normas es desvincular los precios de los servicios públicos de la inflación, "especialmente cuando haya repuntes concretos como está pasando con la energía, lo que, en última instancia, redunda en menores efectos de segunda ronda" (es decir, incrementos de precios por efecto de la subida del IPC que a su vez vuelven a elevar la tasa de inflación).

El ministro, así, ha venido a reconocer que ha querido hacer este anuncio coincidiendo con el fuerte repunte del IPC al 3%, probablemente para dar idea de que el Ejecutivo no se queda con los brazos cruzados. El dato, ha admitido, es "preocupante" porque se ha producido en un corto espacio de tiempo (hace unos meses, ha recordado, estaba en el -0,5%). Sin embargo, ha sostenido que el alza durará "unos meses", porque se debe al efecto comparativo de que la electricidad y los carburantes suben ahora cuando caían hace un año.

En esta línea, ha asegurado que la inflación irá convergiendo a partir de marzo o abril hacia niveles del 2% y ha subrayado que la subyacente (la que no tiene en cuenta los precios energéticos) seguirá en torno al 1%. Es por ello, ha defendido, que es necesario aprobar el real decreto, para evitar que una "subida puntual" se traslade de forma estructural a los precios. En este sentido, ha pedido sin decirlo que la subida del IPC no se traslade a los sueldos, porque sería "un error y afectaría a la competitividad". Las familias, ha argumentado, han ganado poder adquisitivo en los últimos años por la inflación negativa, aunque ahora lo vayan a perder.

La norma de desindexación del Gobierno, así, solo afecta a los precios de los servicios públicos, pero no a otros ámbitos clave como son la negociación colectiva (en la que los agentes sociales fijan los salarios), las pensiones (que están desvinculadas del IPC desde enero del 2014 por una ley del Ejecutivo) y los instrumentos financieros.