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MEDIDAS DE POLÍTICA ENERGÉTICA

Clamor en favor del bono social en el recibo de la luz

Consumidores, entidades civicas y sindicatos defienden el descuento y que no recaiga en la factura de los usuarios

El 73,94% de los beneficiarios tienen potencias contratadas de menos de 3 kilowatios

Agustí Sala Teresa Pérez

Un técnico revisa los contadores de electricidad hace unos días en Barcelona.

Un técnico revisa los contadores de electricidad hace unos días en Barcelona.

El clamor en defensa del bono social en el recibo de la luz es casi unánime. Sindicatos, organizaciones de consumidores y entidades sociales han salido en defensa de este descuento que beneficia a unos 2,4 millones de usuarios considerados vulnerables y cuyo sistema de financiación ha sido invalidado por el Tribunal Supremo. El alto tribunal reconoce a su vez el derecho de las eléctricas a recibir una indemnización. 

Sin dar muchos detalles, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que ha asumido las competencias de Industria, ha asegurado que el ministerio cumplirá "evidentemente" la sentencia. Los servicios jurídicos del ministerio la analizarán, ha afirmado.

Los dos fallos responden a sendas denuncias de Endesa y EON, pero las resoluciones, que sientan jurisprudencia beneficiarán a la vientena de sociedades distribuidoras. Entre las cinco mayores, el reparto de la financiación quedaba repartido del siguiente modo, como establece el boletín oficial del estado (BOE): Endesa, el 41%; Iberdrola, el 37,95%; Gas Natural, 14,78%; HC, 3,26% y Viesgo, 2,22%. El resto se reparte hasta un total de 23 compañías integradas verticalmente.

En opinión de las eléctricas, al tratarse de política social, esta "debería ir con cargo a los Presupuestos del Estado". Otra de las opciones es aplicarlo al recibo de la luz, como en ocasiones anteriores, como cuando el Tribunal Supremo invalidó el modelo aprobado por el Gobierno del PSOE en el 2013. También critican que otros agentes del mercado, como las comercializadoras, no tienen que financiarlo.

PENSIONISTAS Y PARADOS

Lo cierto es que tras los usuarios con una potencia contratada inferior a los tres kilowatios (KW), con unos 1,8 millones, el siguiente colectivo de beneficiarios es el de los pensionistas, con más de 320.000, seguido por las familias numerosas, con más de 214.000; los parados, con más de 76.000 y quienes tenían la antigua tarifa social anterior al 2009, con más de 24.000 usuarios, según los datos de la Comisión Naciona de los Mercados y la Competencia (CNMC).

CCOO ha manifestado que la sentencia del Supremo favorece "a las élites y a las eléctricas" y UGT ha exigido que el coste del bono social no recaiga sobre los ciudadanos.

La Taula del Tercer Sector, que agrupa a 3.000 entidades sociales catalanas, ha calificado de "agresión social y de extrema gravedad" la repercusión que tendrá en los colectivos más vulnerables la sentencia. En Catalunya, donde hay unas 408.000 personas beneficiarias, calcula que supondrá la devolución a las eléctricas de unos 190 millones de euros desde el 2013.

La cifra de personas acogidas al bono solo representa el 20% del total de quienes pueden acogerse a esta medid. El resto desiste debido a "su compleja tramitación", ha sentenciado Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector.

La Aliança contra la Pobresa Energètica considera que el fallo "no hace más que confirmar la connivencia del poder político y judicial con el oligopolio energético". Y recuerda que la propia CNMC comunicó el año pasado que este descuento solo benefició al 41,69% de los potenciales beneficiarios.