La crisis de Puerto Rico se recrudece con una masiva suspensión de pagos

El calvario financiero por el que atraviesa Puerto Rico no deja de agravarse. Su Gobierno anunció el domingo una moratoria en el pago de 422 millones de dólares en títulos de deuda que vencían este lunes, lo que supone la mayor suspensión de pagos hasta la fecha para la pequeña isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez. Estado libre asociado de Estados Unidos, Puerto Rico tiene solo 3.5 millones de habitantes, pero su deuda pública supera a la de 48 estados de la Unión. Solo California y Nueva York deben más dinero.  

En un discurso televisado, el gobernador Alejandro García Padilla afirmó que la isla vive “la peor crisis fiscal y humana de su historia” y culpó al Congreso federal en Washington de haber permitido que se llegue a la situación actual. “Al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como los servicios de nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo”, le dijo a la población con semblante serio.

Puerto Rico ha incumplido pagos en varias ocasiones desde agosto, pero lo peor podría estar por llegar. El próximo 1 de julio tiene que hacer frente al vencimiento de 2.000 millones de dólares, casi la mitad de ellos en bonos de obligaciones generales garantizados por la Constitución isleña.

Padilla lleva meses alertando de la situación y reclamando al Congreso una fórmula que permita a Puerto Rico reestructurar su deuda de forma ordenada, como hizo Detroit a partir del 2013. Pero la oposición de algunos sectores republicanos en el Congreso y las limitaciones que impone el estatus especial de la isla se lo han impedido. Entre otras cosas, los municipios portorriqueños no pueden acogerse a las leyes de protección de quiebras que ampara a los municipios estadounidenses.

Los fondos buitre

A las dificultades políticas para acordar la restructuración con aplazamientos y quitas, está contribuyendo la presión de los fondos de capital riesgo, conocidos despectivamente como fondos buitre, que según algunas estimaciones serían dueños de un 30% de la deuda de la isla. Un anuncio publicitario pagado por los 'hedge funds' reclama desde hace meses al Congreso que se oponga al “rescate” de Puerto Rico, aunque su gobernador insiste en que no se ha pedido ningún rescate y que el plan contemplado no le costaría un céntimo a los contribuyentes estadounidenses.

La dramática situación de isla se remonta como mínimo una década atrás. En 1996 el Congreso revocó los beneficios fiscales que concedía a las empresas estadounidenses que se instalaban en el territorio caribeño y que convirtieron a Puerto Rico en un paraíso para diversos sectores, especialmente el farmacéutico. Aquella decisión puso en marcha el éxodo de la industria y los sucesivos gobiernos recurrieron a la emisión masiva de deuda para financiar los déficits presupuestarios. El Congreso se lo puso fácil al permitir que la compra de deuda portoriqueña estuviera exenta del pago de impuestos locales, estatales y federales en EE UU. Y los bancos de Wall Street se sumaron a la fiesta subscribiendo los títulos y poniéndolos en el mercado, por lo que se embolsaron cerca de 1.000 millones de dólares.

La deuda asciende hoy a 72.000 millones de dólares y, aunque los recortes sociales han sido devastadores, no hay liquidez para pagarla, según ha reconocido el gobernador. El paro asciende al 12% y un 45% de los portorriqueños vive bajo el umbral de la pobreza, una tasa que dobla a la de Misssissippi, el estado con más pobres de EE UU. En los últimos cinco años han cerrado más de 150 colegios; los deshaucios se han disparado y el Gobierno ha aumentado el IVA del 7% al 11.5%. Semejante panorama ha provocado un éxodo sin apenas precedentes a EE UU. Solo en 2014 la isla perdió el 2% de su población, privando al Estado de los ingresos fiscales que tanto necesita para reflotar la situación. Cada día se marcharon una media de 230 personas, según un estudio oficial.

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