Bruselas investiga posibles ayudas públicas ilegales a Iberpotash

La normativa europea sobre ayudas de Estado en materia de medio ambiente permite a los gobiernos europeos dar apoyo a proyectos destinados a incentivar el cambio de comportamiento de las empresas y a mejorar su huella ecológica. No se permiten, en cambio, ayudas destinadas a cubrir los costes derivados del cumplimiento de normas medioambientales obligatorias. La Comisión Europea investiga ahora si la compañía Iberpotash, que explota varias minas de potasa en Catalunya, ha vulnerado esta reglamentación al beneficiarse de varias medidas de apoyo público que podrían esconder “una ventaja selectiva”.

El caso se remonta al año 2012 cuando los servicios de la competencia comunitarios recibieron una denuncia de la patronal de la sal ASAFAL en la que se señalaba a Iberpotash como beneficiaria de varias ayudas públicas de la Generalitat. En primer lugar, en forma de garantías financieras ofrecidas por Iberpotash a los organismos públicos autonómicos para cumplir con sus obligaciones de protección del medio ambiente. La investigación, señala Bruselas, debe permitir aclarar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es “muy inferior” o no al que exige la directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE así como la normativa nacional y autonómica. “De confirmarse -avisa competencia- la empresa habría obtenido una ventaja financiera”. Fuentes de Iberpotash han explicado que esta fianza está desfasada y que se ha elevado con la aportación de 7 millones para la mina de Súria y otros 7 millones para la de Sallent. Esta última está pendiente de validación por parte del juez.

El segundo ámbito bajo la lupa de los investigadores comunitarios se refiere a la financiación de las medidas de protección medioambiental, que podrían haber vulnerado el principio de quien contamina paga. Las autoridades españolas, según explica la Comisión, financiaron hasta el último céntimo de los 7,9 millones de euros que la empresa dedicó al recubrimiento físico de una escombrera de Iberpotash y a la reducción de la contaminación. “De confirmarse -sostiene el Ejecutivo- esto supondría una infracción del principio de quien contamina paga ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación”.

Bruselas teme que ambas medidas hayan concedido a esta empresa -denominada desde 2014 ICL Ibérica Suria&Sallent- una ventaja selectiva frente a sus competidores, lo que podría suponer una ventaja estatal según las normas de ayudas de Estado. La decisión anunciada por el Ejecutivo comunitario supone la primera fase del procedimiento al que todos los interesados podrán presentar ahora alegaciones.

Fuera de la investigación quedan tres medidas denunciadas y que según Bruselas no esconden ventajas selectivas. Se trata de una tasa por el uso del colector de salmueras, que pagan Iberpotash y otros usuarios para cubrir los costes de inversión y funcionamiento; la mejora de las instalaciones de tratamiento de agua potable financiada por las autoridades, porque el objetivo es garantizar el suministro de agua potable a la población de la región, y la supuesta financiación de un estudio porque las pruebas recopiladas no han servido para demostrar la acusación.