El Supremo condena a Western Union a pagar 4,2 millones de euros por blanqueo

El Tribunal Supremo ha impuesto una multa de 4,2 millones de euros a Wester Union por no haber denunciado operaciones sospechosas de blanqueo de capitales de pagos realizados desde Estados Unidos. De este modo, confirma las sanciones impuestas por el Ministerio de Economía y el Consejo de Ministros, aunque rebaja en 40.000 euros la sanción inicial.

El ministerio de Economía impuso una sanción de tres millones de euros a esta compañía el 2 de diciembre del 2014 y acordó además su amonestación pública por una infracción grave por incumplimiento de la obligación de informar de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales. El Consejo de Ministros también sancionó a esta compañía por estos mismos hechos por un importe de 1.140.000 euros.

Wester Union, según el alto tribunal, es una "entidad de pago que actúa en España a través de una red permanente de agentes y desarrolla actividades de de envío de dinero". Esta sociedad, según la sentencia, detectó algunas prácticas irregulares que comunicó al SEPLA (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales) "pero dejó de comunicar otras muchas que los servicios internos" habían detectado.

LOS MOTIVOS

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Por ello, afirman que "estas operaciones existían y no permitían a la compañía desentenderse de ellas sin investigarlas y sin comunicar el riesgo de fraude detectado". En concreto, no fueron informadas las operaciones llevadas a cabo por unos 70 agentes. Las operaciones bajo sospecha ascienden a 78 millones de euros con un importe medio de envío de 1.185 euros. Estos pagos fueron ingresados en oficinas de Móstoles y Parla en Madrid. Los jueces sostienen que "esta distribución geográfica no se corresponde con los beneficiarios de los pagos" que utilizaron identidades simuladas. Por ejemplo, citan que muchas transferencias iban a nombre de Pedro Gómez que llegó a tener hasta 10 nacionalidades distintas o usaban María José como nombre completo.

Por estos motivos, el alto tribunal avala esta sanción que ha calculado en el importe supuestamente no denunciado, 78 millones, más un 2% de comisión (15.600.000) y ha duplicado esta cantidad. Para los jueces esta multa no es desproporcionada como alegó la compañía que pidió una rebaja al mínimo de la multa por haber cambiado a la dirección. Estos argumentos no han sido asumidos por el alto tribunal.