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El Govern reclama el impuesto de transmisiones a 5.300 inquilinos

El tributo, que fue modificado en el 2014, debe pagarse al formalizar un alquiler

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

La Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha remitido en lo que va de año 5.300 requerimientos a inquilinos para exigirles el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) o que justifiquen que lo liquidaron al formalizar el contrato del alquiler. Según fuentes de la Conselleria d'Economia, las reclamaciones, que afectan a arrendamientos realizados desde el 2012, han surgido de cruzar los datos del registro de fianzas y alquileres del Institut Català del Sòl (Incasòl) con otros fiscales, como las declaraciones de la renta de los propietarios.

«Se comprueba si tiene alquilada la vivienda y si consta que el inquilino hubiera pagado el ITP», explican. Con esta campaña, que forma parte también del plan antifraude del Ejecutivo catalán, está previsto obtener alrededor de un millón de euros, según las mismas fuentes. La recaudación anual prevista por el ITP que pagan los inquilinos es de entre siete y ocho millones de euros.

Aunque este impuesto se tenía que liquidar desde los años 90, lo cierto es que muy pocos inquilinos lo hacían. Es por ello que el Govern, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos del 2014, estableció una nueva regulación. De esta forma acababa con el complejo sistema de documentos timbrados y distintos tramos para constituir un gravamen único del 0,3% en el 2014 y del 0,5% desde este año.

El tributo se tiene que liquidar a través del impreso 600 de la ATC , creado ex profeso, al constituir el alquiler. Aunque se establezca por un año, se calcula sobre tres anualiades, ya que la ley de arrendamientos urbanos (LAU) fija un mínimo de tres años para los contratos de arrendamiento de vivienda. Si la renta mensual es de 541,50 euros (la media según los datos del Incasòl), se tienen que liquidar 97,47 euros.

DESCONOCIMIENTO

 Josep Maria Noguera, portavoz de la Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, entiende que, a pesar de que es un gravamen exigible, la administración catalana debería llevar a cabo una campaña previa de concienciación. «En muchos casos, agrega, no se paga por desconocimiento», afirma.

En algunos despachos, como Vidal Gomà, en Terrassa, han tramitado requerimientos de este tipo. En los mismos se insta al inquilino a aportar datos para demostrar que liquidaron el impuesto. En este caso han solventado la cuestión al proporcionar la documentación correspondiente, explica Trinitat Luna, de la dirección de patrimonios y alquileres de esta oficina.

Los afectados suelen tener contratos que se llevaron al Incasòl. Quedan al margen un gran número de transacciones entre particulares que escapan a las estadísticas oficiales del mercado del alquiler.