La fiscalía abre una investigación por las polémicas adjudicaciones de la ACA

La fiscalía provincial de Barcelona ha abierto una investigación para depurar "la existencia de posibles responsabilidades penales" en unas polémicas adjudicaciones de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para realizar contratos de consultoría a principios del 2008 a la unión temporal de empresas (UTE) cuyo máximo representante era Josep Lluís Quer, que había sido gerente del ACA unos años antes y que actualmente es el presidente de Infraestructures de la Generalitat. El coste final de ese expediente, repartido en varios contratos, fue de 7,6 millones de euros. La fiscalía quiere investigar la posible comisión de los delitos de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, malversación de caudales públicos "sin descartar algún tipo de falsedad documental" añade.

El decreto del fiscal Emilio Sánchez Ulled parte de la denuncia presentada por el Gabinet Jurídic de la Generalitat y también de un informe de la Sindicatura de Comptes en el que se ponían en evidencia múltiples irregularidades en la contratación y adjudicación de aquellos trabajos de consutoría "considerando la posible existencia de consultas delictivas".

El fiscal señala que las "evidentes irregularidades puestas de manifiesto" son "tan numerosas y presentan tan grosero calibre" para una contratación pública de tan elevado importe que "hay un indicio razonablemente sólido" de que la licitación y la adjudicación a la UTE "pudiera haber sido pactada previamente con los adjudicatarios en detrimento del resto de competidores y del interés público" y "siempre en beneficio de las empresas integrantes de la UTE".

El decreto destaca que el representante de la unión de empresas en dicho procedimiento fue Quer "quien había sido gerente de la ACA entre los años 2000 y 2004 y cuyo influjo pudiera haber resultado determinante en estos hechos"