Fianza 'light' a Iberpotash

Tras una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la Generalitat ha propuesto una fianza para que la minera Iberpotash rehabilite y palíe su impacto en la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent (Bages), similar a la que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) aplicó a Vilafruns, en el mismo municipio, pero seis veces menor. La sal es el residuo de la extracción de la potasa.

La garantía se ha elevado de los 585.153 euros que provocaron la denuncia de Sebastià Estradé, vecino de Sallent, a 6,9 millones. La montaña de sal implicada es de dimensión similar al Tibidabo (Barcelona). Lo cierto es que la propuesta del Govern estima la fianza en 13,9 millones, pero aplica un rebaja del 50%, hasta 6,9 millones. Fuentes de Territori explican que la rebaja«está prevista en una ley de 1981 cuando las zonas afectadas no son espacios de interés natural». Según los expertos, esta norma contraviene una directiva comunitaria sobre residuos mineros, adaptada en Espapa en el 2009. El juez tiene la última palabra.

El cálculo de la dirección general de Qualitat Ambiental de la Conselleria de Territori se ha hecho sin que la firma minera haya aportado un plan de restauración como decía la sentencia y como es preceptivo para conservar el permiso de explotación, según las alegaciones de los abogados de Estradé.

Iberpotash dejará de explotar las minas de Sallent en el 2014 y concentrará su actividad en Súria, dentro del plan Phoenix, que supondrá inversiones por 160 millones. La compañía se escuda en que ha recurrido la resolución ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la firma recuerdan que«se trabaja en una solución definitiva en el seno de la comisión creada entre la empresa, la Generalitat y el Ayuntamiento».

El Cogulló es la mayor acumulación de residuos industriales de Catalunya, con un terreno de 48 hectáreas y un volumen equivalente al menos a 50 millones de toneladas, recuerda Frederic Ximeno, del Estudio Ramon Folch. No hay otra caso comparable. Pero, como ejemplo, la fianza de la cementera

Lafarge en una planta en Valls (Alt Camp) asciende a 3,2 millones y se limita a cubrir el rellenado de agujeros para enmendar una actividad extractiva a cielo abierto, no a gestionar los residuos depositados en montañas de sal.

El estudio Ramon Folch reveló en un informe publicado por EL PERIÓDICO que la Generalitat invirtió 300 millones en los últimos años para paliar la salinidad del Llobregat. El rio suministra agua al área metropolitana de Barcelona. A raíz de ello, la patronal Afasal denunció a Iberpotash ante la Comisión de la Competencia.