400.000 personas plantan cara al hachazo en una manifestación unitaria en Barcelona

Alrededor de400.000 personashan respondido a la convocatoria unitaria de los principalessindicatos y se manifiestan en Barcelona en contra de los últimos recortes aprobados por el Gobierno deMariano Rajoy, según los organizadores y 40.000, según la Guardia Urbana. Otros 100.000 manifestantes se han congregado en el resto de ciudades de Catalunya, incluidas las capitales de provincia, en las que se habían convocado marchas de protesta.

Losmanifestantes de Barcelona han iniciado unamarcha lenta, una de las 80 convocadas en toda España, en la plaza de Urquinaona, debido a lasaturación de las callescircundantes que han llevado a muchos manifestantes a colocarse por delante de la cabecera de la manifestación. La marcha ha bajado por la Via Laietana hasta finalizar frente a la subdelegación del Gobierno central en la plaza del Pla de Palau.

La protestaestá encabezada por unapancartacon el lema: 'No callem. Defensa els teus drets' (No callamos. Defiende tus derechos). Los secretarios generales deCCOOy deUGTde Catalunya,Joan Carles GallegoyJosep Maria Álvarez, respectivamente, figuran al frente. Launidad sindicalde la convocatoria ha quedado de manifiesto con la presencia dedirigentes de CGTyUSOCen la cabecera de la marcha. También participan dirigentes de partidos de la izquierda catalana.

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Lasmanifestaciones se han convocado en el tiempo récord de una semana y han contado con una amplia campaña previa de movilización en las redes sociales. A diferencia de otras convocatorias, esta vez CCOO y UGT han contado con el apoyo de otros sindicatos como CGT, USOC, CSI-CSIF y de las centrales que representan a colectivos de empleados públicos como médicos, enfermeros, policías, guardias civiles y militares. 

Precisamente, losfuncionarios han respondido de forma masiva al llamamiento de los sindicatos para rechazar la supresión de lapaga de Navidad, que en Catalunya ha puesto en alerta a los sindicatos ante el riesgo de que aumente todavía más el recorte adicional sufrido por los empleados públicos en la comunidad.