El juez imputa a Rato y pide información sobre los créditos de Bankia a partidos y familiares de directivos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad.

Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior, y Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

Fianza de 20.000 euros

Fianza de 20.000 euros

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Las citaciones no tienen todavía fecha todavía porque, según fuentes jurídicas, el juez interrogará a los imputados una vez que se les de traslado de la querella.

En relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por UPD, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.

El juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

Préstamos

El juez Andreu también pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del consejo de administración, de la comisión de Control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la ley del mercado de valores".

De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les pide que se indique "la situación actual de los citados créditos".

Pregunta asimismo si existen o han existido en este periodo "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración".

La mayoría de pequeños accionistas que intervinieron en la junta general que Bankia celebró el pasado viernes en el Palacio de Congresos de Valencia acusó a la entidad de haberles estafado al transformar sus ahorros en acciones y reclamó el reintegro total de su capital.

El agujero financiero abierto en Bankia durante la presidencia de Rodrigo Rato y sus antecesores es uno de los mayores causantes de la gravísima crisis de credibilidad que sufre el Estado español ante los líderes de la Unión Europea y puede abrir ahora una nueva brecha en el Gobierno de lPP.