'CASO NUEVA RUMASA'
La juez ordena el embargo de bienes a la familia Ruiz-Mateos por 93,99 millones de euros
El tribunal establece la localización de otros bienes en el caso de que las propiedades fueran insuficientes
ElJuzgado de lo Mercantil de Cádizha decretado elembargo preventivo de bienesde variosmiembros de la familia Ruiz-Mateos, hasta un límite de93,99 millones de euros. Así lo ha comunicado este miércoles Dictum Abogados, firma de la que es socioAurelio Gurrea, integrante de laadministración concursalde labodega Zoilo Ruiz-Mateos, peticionaria del embargo.
Según ha detallado el bufete, esta medida afecta aJosé María Ruiz-Mateosy asus hijos Alfonso, Javier, Álvaro, Paloma, Zoilo, José MaríayPablo Ruíz-Mateos Rivero, al considerarles administradores de hecho de la empresa. En el caso de que sus propiedades fueraninsuficientes, la juez del caso ha establecido que se lleven a cabomedidas de localización e investigación de otros bienes y derechos.
Dictum Abogados ha destacado que la juez estima que existen "fundadas posibilidades" de que en el concurso seancalificados como culpablesy secondene a los administradoresalpago de las deudaspor "actos que agravan la insolvencia del deudor".
"Destino extrasocietario" de fondos de inversores
Añade que se han contabilizado operaciones "de forma irregular y se ha utilizado laaparente solvencia del grupoparacaptar fondos de inversores privados a los que se ha dado undestino extra-societario", según la administración concursal.
Indican, además, que el auto judicial afirma que puede haber mediadodolo o culpa gravede los administradores de hecho en la generación o agravamiento de lainsolvencia. Asimismo, en un segundo comunicado, Dictum Abogados ha señalado que la juez del caso ha decididosuspender las facultadesdeBack in Businessen laadministración de las bodegas Zoilo Ruiz Mateos.
En concreto, esta decisión afectaría aBack in Business 2011, Mundelca, Zandia Hispania y Gebersa Inversiones --sociedades controladas por elempresario Ángel de Cabo-. que el pasado septiembre adquirieron cada una de ellas el25 % de la empresa al precio de un euro, cuando ya se encontraba enconcurso de acreedores.
Según la firma de abogados, la juez ha señalado que "la incertidumbre creada por la compra de las participaciones de la concursada y el proceso penal que se sigue en Madrid pueden influir negativamente en la imagen y credibilidad de la concursada y, por ende, en la viabilidad empresarial, generando incertidumbre y desconfianza en trabajadores, proveedores y clientes".
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