El exdirigente arbitral Sánchez Arminio destruyó documentos antes de abandonar el cargo

La Guardia Civil no solo entró el 28 de septiembre del 2023 en las instalaciones del Comité Técnicos de Árbitros (CTA) en la Real Federación Española de Fútbol a incautarse de documentos físicos y los almacenados en los ordenadores, sino también a seguir la pista a la posible destrucción de papeles. En el acta de la entrada y registro, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, figura una declaración "espontánea" del excolegiado y adjunto a la dirección del organismo arbitral, Antonio Rubinos Pérez, en la que aseguraba que en mayo de 2018, cuando se produjo el relevo en la cúspide de la entidad, el que era su máximo responsable, el colegiado Victoriano Sánchez Arminio (fallecido en 2023) estuvo "al menos dos o tres horas" destruyendo y "eliminando" documentos, por lo que algún papel "no se encuentra" en la sede del comité.

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Fue también en mayo de 2018 cuando uno de los principales imputados el caso Negreira, el exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, fue cesado de su cargo de vicepresidente del CTA, lo que motivó, según la investigación judicial en marcha, que dejara de cobrar del FC Barcelona los importantes emolumentos que hasta entonces percibía. Entre el 2001, en la época de Joan Gaspart al frente del club, hasta el 2018, con Josep Maria Bartomeu en la presidencia, las empresas de Enriquez Negreira y su hijo ingresaron 7,5 millones de euros, según la documentación de la Agencia Tributaria incluida en la causa instruida por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. El magistrado considera que "con carácter indiciario" estos pagos se hicieron en atención al cargo que desempeñaba el exarbitro en el organismo que regula el arbitraje en el fútbol español para presuntamente favorecer al Barça.

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El protagonista

Sánchez Arminio disfrutó de una carrera como árbitro de Primera División que se alargó durante 13 temporadas, desde 1976 a 1989, tras las cuales Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le hizo miembro del comité de designación de árbitros. Posteriormente, el 15 de marzo de 1993, Villar le nombró presidente del Comité Técnico de Árbitros de la RFEF, un cargo que ocupó durante 25 años, hasta el 18 de mayo de 2018, día en el que Luis Rubiales anunció su despido.

Sánchez Arminio se convirtió en mano derecha de Villar, junto al que apareció imputado en el caso Soule por un presunto desvío de 7,9 millones de euros procedentes de la recaudación de las quinielas que La Liga aportó a la RFEF para el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol. Sánchez Arminio se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y se limitó a solicitar a la Audiencia Nacional que archivase su causa. Pero prefirió callar. El llamado 'capo del silbato' siempre fue un hombre de pocas palabras.

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Los que mandaban

Junto a Enríquez Negreira, Sánchez Arminio se encargaban de comunicar los ascensos y descensos del arbitraje español. Ellos elaboraban las clasificaciones arbitrales, labor que siempre estuvo muy cuestionada porque como advirtieron algunos árbitros de la época, aplicaban el llamado índice corrector, que entre los árbitros se conocía como el índice corruptor, favoreciendo a quienes les interesaba que ascendiese. La Guardia Civil se incautó en la entrada y registro algunas actas firmadas, entre otros, por el exdirigente arbitral investigado, "al menos en apariencia", se precisa en el proceso judicial. Otras muchas, sin embargo, no se localizaron. El antiguo secretario del CTA, Raul Masó, manifestó que las actas y clasificación de ascenso y descenso de árbitros se guardaban en un archivo, aunque desconoce su ubicación actual o lo que había podido pasar, porque él cesó en 2018.

La Guardia Civil también halló facturas o liquidación de gastos por comisión de servicios de Enríquez Negreira durante el periodo que va del 24 de enero de 2008 hasta el 20 de febrero de 2017 y facturas a nombre de dos de su empresa Dasnil 95 y Soccercam SL. Los agentes comprobaron que habían desaparecido otras facturas relevantes que figuran en los registros informáticos. Cuando fueron a buscarlas en los archivos, no las encontraron. El acta de registro, la letrada de la administración de justicia relata que se preguntó por ellas a los empleados del CTA y que estos admitieron que ignoraban su paradero y que "no pueden dar noticia" sobre las mismas.