Cornellà vuelve a reclamar a la Generalitat el pago de las guarderías

El Ayuntamiento de Cornellà continúa su lucha contra la Generalitat respecto el impago de las guarderías municipales y también reclamará al gobierno catalán el importe correspondiente a la cofinanciación de los cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, amparándose en la sentencia del TSJC, de 22 de noviembre de 2017, que admite la obligación que la Administración autonómica tiene de aportar fondos para la educación de 0 a 3 años, y que también avala la Ley de educación de Cataluña (LEC).

El consistorio de Cornellà, que anteriormente ya reclamó judicialmente el impago de los cursos 2012 a 2015, reclama ahora 2.528.834,48 euros, más los intereses legales que correspondan, cantidad resultante de multiplicar la cantidad de 1.392,53 euros por cada alumno de los centros docentes municipales de educación infantil de primer ciclo durante estos últimos años.

La sentencia del TSJC fijó la cuantía en 1300 euros por alumno, pero esta administración local, a diferencia de otras que también han presentado recursos, la aumenta por haber transcurrido desde su determinación más de siete años y en base a las determinaciones imperativas contenidas en la Disposición final 2ª de la LEC, la cual estipula el deber de incrementar progresivamente los recursos económicos destinados por la Generalitat al sistema educativo.

Antecedentes de la sentencia

Cornellà dispone de 8 guarderías municipales, que suman 641 plazas de educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años). En diferentes convenios firmados en los años 2005, 2010, 2011 y 2013 se recogía el compromiso de la Generalitat de financiar estos centros, conjuntamente con las familias y el propio Ayuntamiento.

Cuando llegaron los recortes en el presupuesto de la administración autonómica, la Generalitat dejó de formalizar los convenios y redujo de manera unilateral su compromiso inicial, de 1.800 euros por plaza y curso del primer convenio, a 1.600 euros y, finalmente, 1.300 euros, en el 2013. Ya en el 2014 el pleno de Cornellà acordó requerir al Gobierno catalán el pago de la deuda exigible hasta entonces, de 826.800 euros, a razón de la cofinanciación comprometido para el curso 2011-2012, y que formalizara los convenios de los cursos posteriores. En caso contrario, iniciaría la vía contenciosa administrativa.

Un mes después, el gobierno catalán accedió al pago, pero no respondió directamente al requerimiento, así que en 2015, una vez desaparecida la partida para guarderías de los presupuestos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Cornellà decidió interponer el recurso. La Justicia dio la razón al consistorio mediante la sentencia núm. 853/2017, de 22 de noviembre, por la que se clarifica el deber de la Generalidad de cofinanciar estos servicios municipales y el pago de la cantidad de 2.358.200 euros correspondientes a la deuda de los cursos 2012 a 2015.

En cuanto a los cursos a partir de 2015 en adelante, al tratarse de actos futuros en el momento del recurso, la sentencia no los considera, por lo que el Ayuntamiento ahora ha presentado la correspondiente reclamación a la Generalitat.

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