La mitad de la población española ha tenido que reducir su consumo de energía, agua y alimentos por la inflación

El encarecimiento de las partidas vitales más básicas y una situación económica personal muy mejorable para el 54% de la población, han obligado a la mitad de los españoles a hacer ingeniería doméstica para poder llegar a final de mes. Un 45% ha tenido que reducir su gasto en electricidad, agua o calefacción en el último año; un 40% ha comprado menos carne o pescado por su situación económica; un 33% ha adquirido menos comida, en general, y un 20% no ha podido pagar algún mes el alquiler.

Son algunas de las conclusiones a las que llega un estudio sobre la desigualdad en España impulsado por Oxfam Intermón y realizado junto a la agencia de investigación 40dB. Este análisis parte de la base de que la inestabilidad económica provocada por la crisis de 2008, la pandemia de covid-19 y los dos últimos años de inflación desbocada han transformado la sociedad e intensificado sus desigualdades. De acuerdo con esta radiografía, España no es un caso aislado, pero sí destaca como el quinto país más desigual de Europa.

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"La desigualdad económica en España aumenta de manera muy notable durante los periodos de recesión económica, es muy sensible a las crisis", contextualizan los autores del estudio. "Por el contrario, durante las épocas de bonanza y expansión económica se reduce con mucha menos intensidad", denuncia el texto, que sostiene que es esta situación la que ha cronificado las desigualdades.

Insatisfacción con la situación económica

De ahí una encuesta que, entre otras muchas cosas, ha querido plasmar la situación económica de los españoles a raíz de la última de estas crisis. La primera conclusión es que el 54% de la población está poco o nada satisfecha con su situación económica, y que esta insatisfacción escala casi al 60% en el caso concreto de las mujeres y hasta el 70% si se pregunta a hogares con una situación socioeconómica baja. Sin ir más lejos, casi seis de cada diez personas creen necesitar un segundo trabajo para cubrir sus necesidades económicas (una cuarta parte, de hecho, lo tiene).

"Estos datos son cruciales para entender que, pese a la mejora de los últimos años en las cifras de ocupación, la visión de la población sobre la calidad del empleo no es especialmente positiva", subraya el organismo en un comunicado. "Además, una de cada cuatro personas asegura que su nivel de ingresos no le permite tener una vida digna", añade.

Uno de los grandes gastos es la vivienda. El 70% de los que viven de alquiler tienen que destinar más de una tercera parte de su sueldo a sufragarlo, y lo mismo ocurre en el caso del 56% que paga hipoteca. "Los datos resultan preocupantes -afirman desde Oxfam Intermón-, tanto por su magnitud como por los efectos que tienen en la capacidad de renta de los hogares".

Recorte de gastos básicos

Esto explica buena parte de las dinámicas que identifica a continuación este informe. Que el 45,7% de la muestra ha reducido gastos relacionados con el hogar como la electricidad, el agua y la calefacción (el porcentaje roza el 50% si se observa lo que ocurre solo en el caso de las mujeres, y se acerca al 60% entre la población racializada); que el 65% compra más productos en oferta o de marcas más baratas que antes; que el 60% sale menos a bares y restaurantes; que el 55% ha recortado su gasto en vestido y calzado; que casi el 43% no pueda irse de vacaciones al menos una semana al año; que el 40% ha adquirido menos carne o pescado; que el 31% compre menos frutas y verduras o que el 30% compre menos productos básicos como leche, huevos, patatas o aceite.

En la mayoría de estos casos, el porcentaje es considerablemente mayor entre las mujeres, la población racializada y aquellos hogares que tienen una situación económica más frágil.

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"Las cifras muestran que la desigualdad no es sólo del rico frente al pobre, es también por ser migrantes, por ser mujeres", denuncia el director de Oxfam Intermón, Franc Cortada. "Unas condiciones que determinan de forma directa aspectos tan esenciales de nuestra vida como el acceso a vivienda, salud, poder afrontar un gasto imprevisto o tener un empleo de calidad", reclama.

En este sentido, sus propuestas pasan por aprobar una ley de salario mínimo interprofesional (SMI), por una reforma de las políticas activas de empleo, por reforzar los sistemas públicos de educación y sanidad, por mejorar "sustancialmente" el diseño y la eficacia del ingreso mínimo vital (como antesala a una transformación del "modelo meramente contributivo") y por encontrar el modo de promover la emancipación del público más joven.