Denuncia del PP

La Audiencia ordena investigar si Barcelona y Generalitat toleraron "violencia" okupa en la Bonanova

El edil municipal Daniel Sirera presentó una denuncia en campaña por la gestión del desalojo de "El Kubo" y "La Ruïna"

Sirera denuncia al gobierno municipal por su "inacción" ante los okupas de la Bonanova

Imagen de un okupa colgado de la fachada de 'El Kubo'.

Imagen de un okupa colgado de la fachada de 'El Kubo'. / Manu Mitru

Agencias

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La Audiencia de Barcelona ha ordenado investigar una denuncia que presentó el líder del PP en la capital catalana, Daniel Sirera, en la que acusaba al ayuntamiento de la ciudad y a la Generalitat de tolerar conductas "violentas" de los okupas de las casas "El Kubo" y "La Ruïna" de La Bonanova.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia estima el recurso de apelación que presentó el PP contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 25 de Barcelona de archivar su denuncia por supuesta inacción ante los okupas de La Bonanova.

La denuncia la presentó Daniel Sirera en la campaña de los últimos comicios municipales del pasado mes de mayo, cuando las casas okupas "El Kubo" y "La Ruïna" se convirtieron en munición electoral: los alcaldables de Valents, Vox y Cs acudieron a la plaza Bonanova a mostrar su apoyo a los vecinos, mientras la empresa de desalojos extrajudiciales Desokupa anunció que echaría a los "squatters" por la fuerza.

En su denuncia, Sirera acusaba a la Guardia Urbana y a los Mossos d'Esquadra de "inacción" ante las actitudes violentas de los okupas de La Bonanova, especialmente los días previos al desalojo de las casas, previsto inicialmente para marzo de 2023 pero que se acabó aplazando porque la policía catalana estimó que no era seguro.

Contra Colau y Collboni

La denuncia pedía al juzgado que depurara responsabilidades por la inacción policial contra los okupas, tanto de la entonces alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como del actual, Jaume Collboni, cuyo partido gestionaba el área de seguridad del ayuntamiento en el anterior mandato. El juez instructor descartó investigar lo denunciado por Sirera, al entender que no estaba justificado que los hechos que relataba el líder popular pudieran constituir delito.

La Audiencia ha revocado ahora la resolución judicial, en un auto en el que advierte al instructor de que, antes de archivar la denuncia, debe practicar "diligencias tendentes a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos y las personas responsables de los mismos". Sin esas diligencias, añade, no se puede concluir que los hechos denunciados "carecen de significación delictiva" ni que el delito no está debidamente justificado.