Barcelona intensifica la presión a los grafiteros: 600 denuncias en dos años

Los denuncias contra los autores de grafitis y pintadas en Barcelona han aumentado significativamente. Según los datos aportados por la Guardia Urbana, el endurecimiento de las denuncias, que prometieron en su momento, es una realidad. Así, en el año 2021 hubo un total de 281 denuncias, mientras que el año pasado ascendieron hasta las 328, lo que implica un aumento de un 16,7%.

Los responsables de la seguridad en Barcelona siempre recuerdan que el principal problema a la hora de castigar a los responsables de las pintadas en el espacio público es que la mayoría de veces no se los coge in fraganti y, por tanto, no se puede saber quienes son los autores. Aun así, el consistorio barcelonés está decidido a castigar más a los grafiteros que pintan en lugares donde no está permitido hacerlo. Las multas oscilan entre los 300 y 500 euros.

Los grafitis que pueblan Barcelona se han convertido en un problema político. Una encuesta realizada en el marco del plan Cuidem Barcelona de mantenimiento del espacio público mostró que un 85% de los ciudadanos de la capital catalana asocia el mal estado de algunos puntos de la ciudad al incivismo.

En vista de ello, los responsables municipales han apostado por el endurecimiento de la actividad contra las pintadas a través de un plan de corresponsabilidad para reducir los comportamientos incívicos que estropean el espacio público. Para intensificar los controles, la Guardia Urbana incrementó la vigilancia tanto con agentes uniformados como de paisano.

Amenaza de recurrir a la vía penal

Cuando el pasado junio se informó del paquete de medidas para intensificar la lucha contra las pintadas en la calle, solo se tramitaban unas 150 o 200 denuncias al año. Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad, ya advirtió que el consistorio tenia la voluntad de ser proactivo en las sanciones y que no descartaba incluso denuncias penales contra los infractores. Por su parte, Jordi Oliveres, inspector de la Guardia Urbana, aseguró que podían pedir responsabilidades penales cuando los grafitis tuvieran como resultado un “deslucimiento muy importante de patrimonio histórico o cultural”. En este sentido, puso como ejemplo los grafitis realizados en la iglesia del Pi o en la basílica de Santa Maria del Mar debido a que “causan desperfectos graves”. Como ha explicado El Periódico, las pintadas en estos dos templos no se han borrado en más de un año.

Preguntados sobre si ya existen denuncias que se hayan tramitado por la vía penal, la Guardia Urbana admite que desconoce el dato. Los agentes cursan la denuncia por la infracción de la ordenanza y esta se pone en conocimiento de la autoridad judicial competente, que es quien valora –sin perjuicio de la continuación del expediente sancionador– si esta tiene recorrido penal o no.

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