La gratuidad del transporte público desnuda el caos de descuentos sociales

La bonificación del transporte público se mantendrá en 2023 para Renfe y está por decidir qué pasa con el resto de la red. El asunto pone sobre la mesa el sentido último de un servicio ciudadano fundamental para la movilidad. Mientras que la rebaja del combustible fomenta el uso del coche en plena emergencia climática a la vez que aligera el bolsillo del contribuyente (el que tiene vehículo privado), las ayudas para coger el tren, el bus o el metro tienen como finalidad alentar los desplazamientos colectivos y sostenibles en tiempo aciagos. ¿Contradictorio? Según se vea... Las cifras demuestran que el tráfico apenas ha bajado y que la inversión global se ha decantado de manera mucho más importante hacia las gasolineras. Todo este paisaje ha dejado de lado el debate de la tarifación social, por la que cada usuario paga en función de sus circunstancias personales; un ámbito con buenas intenciones pero sin orden alguno. Y una buena oportunidad para pasar de la igualdad a la equidad.

Lo primero que señalan los expertos es la ausencia de un modelo único en cuanto a la tarifación social. En función del operador, una persona puede encontrarse con que su condición (económica o generacional) sí es tenida en cuenta. O no. No hay un sistema homogéneo, con lo que TMB, el ATM (con diferencias en función de la zona), Renfe o Ferrocarrils aplican su propio baremo, sin armonización alguna. Es cierto que la T-Mobilitat creará (no hay fecha…) un nuevo sistema de cálculo basado en los kilómetros recorridos, lo que permitirá eliminar las coronas, amén de usar la misma tarjeta para la inmensa mayoría de sistemas de transporte público. Eso, señala Montse García, miembro de la junta directiva de la asociación Promoción del Transporte Público (PTP) ya será un paso para alcanzar una cierta equidad territorial. Pero falta dar paso más social.

Máster en billetes

Lo que sí es homogéneo, porque así lo manda la ley, son los descuentos para familias monoparentales y numerosas. "Pero ahí tenemos otro problema: la bonificación sí es la misma, pero no se aplica a todos los títulos de transporte (la T-Casual, por ejemplo)", denuncia García, que califica de "caótica" la situación actual en la que en los últimos años, sostiene, siempre se ha puesto como excusa la implantación de la T-Mobilitat, que acumula casi siete años de retraso. "Es lamentable que los viajeros tengan que hacer un máster para saber qué ayudas les corresponden en cada caso". Así las cosas, lo que está sucediendo es que muchos ciudadanos a los que correspondería una rebaja en la tarifa, no se les aplica porque no son conscientes de ello. Es imposible, asegura esta experta, saber de cuántas personas hablamos, "pero es indudable de son muchísimas".

Jordi Giró, presidente de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), coincide plenamente con el diagnóstico de la PTP. Comparte que la tarifación social "es muy complicada y las Administraciones hacen que sea muy difícil entenderlas". Añade que es un problema que incluso trasciende al transporte público, puesto que se han encontrado con muchas familias que tienen derecho a bonificaciones en los suministros y que no los están ejerciendo porque nadie les ha informado. Añade que el asunto tiene incluso un inquietante componente territorial, puesto que respecto al metro, el bus y el tren, mientras Barcelona "tiene más o menos resuelto el tema, en el resto del territorio es una lotería lo que te vas a encontrar".

Problema territorial

Veamos algunos ejemplos. Las personas mayores o con discapacidad tienen descuentos en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona, en Renfe y en Ferrocarrils, pero no en los territorios de la Autoritat del Transport Metropolità. En cambio, las personas en paro si están amparadas en los cuatro ámbitos que controla el ATM. En cuanto a los jóvenes, este ente público solo les ampara en Barcelona y su entorno, pero no en Lleida, Girona o el Camp de Tarragona. Este último sector, señala García, es el que peor condiciones ofrece al usuario, sin posibilidad de realizar las gestiones de manera telemática y obligando a ir presencialmente a una oficina de Tarragona con horarios muy restrictivos. García lamenta que haya tanta diferencia en función del territorio, pues mientras en Barcelona la cosa parece más cubierta (el AMB anunció en junio la extensión de las tarifas sociales a la segunda corona), en el resto de Catalunya siguen habiendo muchas carencias.

Sin café para todos

¿Cuál sería el panorama ideal? Primero, resolver el tema territorial y que la T-Mobilitat elimine las coronas. En resumen: tanto recorres, tanto pagas. Luego, reclama la PTP, "conseguir un sistema de tarifación social que sea el mismo para todos los operadores y que se aplique a todos los títulos de transporte". Es decir, que una persona joven, mayor, con discapacidad, en paro o en riesgo de exclusión sepa que si coge el metro, el bus, el tren o el tranvía, la bonificación será siempre la misma, idéntico porcentaje sobre el precio que marque el billete o el abono.

"Las personas que realmente necesitan este apoyo siguen sin tener sus necesidades cubiertas"

La otra gran para no avanzar en este tema, señala García, ha sido siempre la financiación. Quién paga la fiesta. Podía ser comprensible, pero todo ha saltado por los aires en el momento en que el Gobierno puso en marcha las bonificaciones universales y millonarias a partir de septiembre de 2022. "Se nos quedó una cara de tontos importante, porque se aplicó una café para todos a un sistema que ya tenía muchas carencias en tarifación social". "Las personas que realmente necesitan este apoyo siguen sin tener sus necesidades cubiertas", denuncia la representante de la PTP.

Giró, desde la CONFAVC, reclama una ley de financiación del transporte público que genere un modelo universal de tarifación social, que tenga un único sistema y que se aplique para todo el territorio catalán. "Porque de otro modo, además de hacer daño a los colectivos más vulnerables, estás promocionando que la gente use el vehículo privado, y eso en tiempos de emergencia climática no puede entenderse de ninguna manera". "La tecnología permite hacerlo, así que no hay ninguna excusa posible para no avanzar en este tema".

Prolongar las bonificaciones universales, lamenta García, es probable que haga todavía más difícil que el día de mañana haya recursos para lo que realmente es necesario, "echar una mano a los que de verdad lo necesitan". Comparte el caso de una mujer con discapacidad que vive en Granollers y consiguió un trabajo a media jornada en Barcelona. Dar con un empleo ya fue todo un triunfo, pero ahora tenía que resolver cómo llegar hasta la oficina. Necesita que alguien la acompañe, así que ya son dos billetes de transporte público. La combinación le obligaba a coger bus, tren y metro, unos con bonificación y otros sin, con precios dispares. Conclusión: tras hacer números vinculados al desplazamiento, comprobó que no le salía a cuenta. Rechazó la oferta.

El artículo 4 de la Ley de Movilidad Sostenible que el Gobierno pretende que entre en vigor antes de que termine 2023 reconoce la necesidad de "atender las necesidades de las personas menos favorecidas", prestando atención particular "a los supuestos de movilidad obligada". La tarifación social va en esa dirección, pero por caminos algo inescrutables.

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