El juez descarta paralizar las obras de los ejes verdes de Colau en el Eixample

La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida solicitó el pasado 18 de julio la paralización, de forma cautelar, de las obras de semipeatonalización de cuatro calles del Eixample, Consell de Cent, Rocafort, Borrell y Girona, cuyo inicio dará comienzo a mediados de agosto. Son los llamados nuevos ejes verdes o, en una interpretación muy laxa del término, una suerte de nuevas ‘superilles’. En un auto muy contundente, el juez ha desestimado los argumentos que en nombre de esa cámara de la propiedad redactó, curiosamente, el exteniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona Ramon García-Bragado. Uno a uno, el auto desarma las catastrofistas advertencias de la denuncia y por lo tanto da luz verde al inicio de los trabajos.

Tras la judicialización de la política, desde hace años, signo de los tiempos en España, llega ahora a Barcelona una derivada de esa estrategia de desgaste, la judicialización del urbanismo, algo como mínimo insólito en una ciudad que durante décadas ha hecho de las grandes obras de transformación casi un vicio. Foment del Treball llevó el pasado abril la reforma de la Via Laietana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y fracasó en su intento de que se paralizaran las obras. A mediados de julio, el exarquitecto en jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Anton Acebilllo, recuérdese, padre del tambor de Glòries y de la urbanización del Fòrum, planteó la ilegalidad de las obras de esas cuatro calles del Eixample antes citadas con algunos argumentos no muy distantes de los de García-Bragado, máximo responsable del urbanismo municipal bajo el mandato de Joan Clos. Es por todo eso que el auto recién redactado por el juzgado de los contencioso administrativo 16 de Barcelona resulta de muy interesante lectura.

La denuncia de la cámara de la propiedad sostenía que los proyectos en curso van a suponer un cambio radical en la movilidad del centro de la ciudad porque eliminarán la circulación en esas calles (algo que en realidad no sucederá) y afectará al acceso a las viviendas, puestos de trabajo y comercios. En ese punto se resume, de hecho, uno de los principales motivos de debate sobre el modelo de ciudad. Dan por incuestionable los denunciantes que la única movilidad que merece ese nombre es la que se realiza en coche o moto. Ninguna de esas calles dejará de ser transitable, en realidad ni siquiera en vehículo privado, pero los coches, es verdad, no las podrán recorrer en línea recta de punta a punta, como ahora. Para acceder a los aparcamientos públicos y privados, por ejemplo, será necesario acceder desde la esquina más cercana, es decir, con un recorrido en L.

Ante el juez, la denuncia sostiene que el ayuntamiento ha cometido una batería de infracciones urbanísticas, pero en su respuesta el magistrado afirma que “no ha resultado acreditado que nos hallemos ante uno de los supuestos de acto viciado de nulidad que justifiquen ‘per se’ la adopción de la medida cautelar interesada.

El otro gran argumento de la cámara de la propiedad para requerir la paralización de los trabajos es un supuesto carácter irreversible de las obras por el coste económico que ello comportaría. Sostiene el juez sobre esta cuestión que en caso de que fuera necesario más adelante revertir las obras, ese quebranto económico repercutiría sobre la propia administración, no sobre la cámara de la propiedad. “La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona y Lleida no puede pretender erigirse en defensora de un hipotético interés general en base a unos hipotéticos perjuicios que, más allá de las alegaciones, no se concretan”. Añade el auto en este punto que “la actuación de la administración persigue una finalidad pública como es la mejora urbanística de la zona”.

Lo que propone el gobierno municipal con los ejes verdes es sumar medidas a escala local contra la crisis climática sin que, en su opinión y por los antecedentes conocidos, ello repercuta negativamente en la vida comercial de las zonas afectadas. La calle de Consell de Cent, entre Vilamarí y paseo de Sant Joan, es el eje principal de ese proyecto, entre otras razones porque intersecciona con los otras tres vías verdes, además de con la singular calle de Enric Granados. En cada uno de esos cruces, las obras alumbrarán nuevas plazas, sobre todo verdes, que le concederán al lugar un cierto aire de ‘superilla’.

Estos no son los primeros proyectos de pacificación de calles llevados cabo en Barcelona. Ni siquiera son los primeros controvertidos. Cuando se peatonalizaron el Portal de l’Àngel y la calle de Portaferrissa, durante el primer mandato de Pasqual Maragall como alcalde, los comerciantes se opusieron fieramente con la tesis de que la ausencia de coches convertiría aquel lugar en un erial. Sucedió, como se sabe, todo lo contrario. Ese tipo de conflicto se ha repetido prácticamente cada vez que el ayuntamiento ha impulsado una medida idéntica o similar. La novedad, ahora, es la judicialización, que de momento ha resultado ser una estrategia estéril.