Barcelona dificultará las demoliciones de edificios para proteger el patrimonio

El Ayuntamiento de Barcelona tiene intención de dificultar las demoliciones de edificios en la ciudad para impedir que la piqueta se lleve por delante inmuebles con valor patrimonial significativo, aunque también para impulsar un cambio que lleve a potenciar la rehabilitación frente a los derribos.

Esta será una de las actuaciones más destacadas de la medida ‘Barcelona, Ciutat Patrimoni’, que el gobierno de Ada Colau llevará al plenario del 29 de abril, que persigue incrementar el análisis del patrimonio de la capital catalana para evitar que desaparezca.

El consistorio defiende que la revisión del catálogo sea constante y pide cambios competenciales a la Generalitat

Un nuevo concepto de patrimonio

La de las demoliciones es una medida dentro del conjunto, pero quizá es la que supondrá el cambio más significativo en el día a día de las obras que se hacen en Barcelona. Hasta ahora, para una demolición convencional se requiere un comunicado diferido, posterior al derribo, que no implica información específica adicional sobre el inmueble. Si la finca o está catalogada, nada impide que sucumba para dar pie a una nueva construcción. Cuando la ordenanza pertinente sea modificada, será necesaria una licencia.

Según ha anunciado este miércoles la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, el gobierno quiere preservar el patrimonio de Barcelona y ampliar el concepto, pensando en aspectos hasta ahora no tenidos en cuenta, como “el patrimonio popular, el obrero, el vinculado con la vida cotidiana”. Para hacerlo, ha añadido, se necesitan “nuevas herramientas”.

“La forma más fácil de funcionar hasta ahora era demoler y volver a construir. Como cuando se demolió la antigua cooperativa Flor de Maig o los Cinemes Niza”, ha subrayado Sanz, que ha aludido como caso contrario al de las casas de Encarnació, que se salvaron pese a no estar catalogadas, al ser expropiadas por el consistorio tras la protestas de los vecinos ante la previsión de que fueran demolidas y de que se talara una encina de la finca.

Sanz ha anunciado “un punto de inflexión”, en el que tiene peso el “contexto de emergencia climática”: “No es que queramos, es que estamos obligados a rehabilitar, a preservar la ciudad construida, a potenciar la rehabilitación como herramienta clave para reducir las emisiones y generar una nueva economía verde, centrada en la mejora energética de las edificaciones”.

Este es, resumido, el “antes y después” que la teniente de alcalde ve en la medida de gobierno. No es que Sanz piense que hasta ahora no se ha hecho nada por el patrimonio. La edila ha elogiado la trayectoria de Barcelona en la catalogación patrimonial, aunque ha defendido una revisión de ese catálogo y, por encima de todo, el hecho de que esa catalogación no deje de actualizarse “nunca”: “Si algo no está en el catálogo, no podemos protegerlo, no podemos decir al privado que no puede hacer algunas cosas”.

La teniente de alcalde ha insistido en la necesidad de imponer sistemas nuevos de control a las demoliciones. “Estamos buscando todas las vías que nos ofrece el marco jurídico y viendo cómo hacemos corresponsable al sector privado, para construir una nueva cultura en la intervención en edificios”, ha explicado. “Lo primero que queremos cambiar es el comunicado en diferido”, ha advertido. Para ello deberá modificarse la Ordenanza reguladora de los procedimientos de intervención municipal en las obras (ORPIMO).

Con el nuevo régimen de licencia, ha proseguido, se deberá añadir la información patrimonial del inmueble y la administración analizará si se puede o no proceder a un derribo. Está por ver cómo acoge este cambio el sector de la construcción.   

El ayuntamiento necesita colaboración competencial de otras administraciones para profundizar en este plan, especialmente la de la Generalitat. En mayo empezará a reunirse con la Conselleria de Cultura para modificar la ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán.

7,5 millones de presupuesto

La medida de gobierno tiene un presupuesto previsto asociado de 7,5 millones con el que se creará un equipo técnico formado por integrantes del Institut Municipal de Paisatge Urbà, que pasará a denominarse también de Patrimonio, que ampliará el colectivo que actualmente se ocupa de esta cuestión en el ayuntamiento. Además de analizar el patrimonio, el personal se ocupará de vehicular la concesión de subvenciones para la rehabilitación, que ya en la política de vivienda ha sido defendida por el gobierno de Colau como una medida que debe ganar peso en la actualidad y en el futuro de Barcelona.

En la presentación de la medida ha tomado la palabra también el arquitecto Alessandro Scarnato, que ha participado en la elaboración del plan, y que ha citado algunas obras que han respetado los edificios originales en lugar de demolerlos, como la Sala Beckett: “Siguiendo un criterio antiguo, se hubiera construido algo nuevo allí. Muchos edificios que hace 20 años se verían abocados al derribo son vistos ahora como aprovechables”.

El nivel D

El consistorio quiere que cualquier intervención que afecte a un nivel D de protección patrimonial obligue a documentarlo previamente, como sucede en Ciutat Vella, y pretende revisar lo catalogado en distintos núcleos históricos, como se hizo en Poblenou en 2011, en Gràcia en 2020 y como se está haciendo en otras zonas actualmente. La previsión es elegir un territorio anualmente.

También se quiere incluir en el patrimonio un nivel E que incluya a los comercios emblemáticos, así como revisar y aumentar el parque de jardines protegidos, que hoy incluye a 40 entre públicos y privados. Para dar voz a la ciudadanía, se creará la Taula de Patrimoni Ciutadana, foro de diálogo entre vecinos y expertos en patrimonio.