Reacción municipal
El gobierno de Colau ve mala fe en la querella y da por hecho que no prosperará
El abogado de la alcaldesa subraya que la denuncia por la que está imputada copia “frases enteras” de la archivada por la fiscalía en julio
Sostiene que los querellantes han ocultado deliberadamente que materia fue desestimada para "conseguir la foto de la regidora declarando"
![La alcaldesa Ada Colau.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/eea23b84-d385-4a69-a127-98ec3ee0f0b2_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La alcaldesa Ada Colau. / Joan Cortadellas
![Toni Sust](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/504b191c-7bc0-4f9c-b189-bed355d04e20_source-aspect-ratio_default_0.jpg)
Toni Sust
Periodista
Escribo sobre el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudad desde 2016. Antes lo hice sobre Política social (2011-2016) y sobre Política catalana y española (2001-2011).
Profesor asociado de Periodismo en la UPF.
Toni Sust
“Si dijimos que estábamos tranquilos antes de leer la querella, después de leerla estamos más tranquilos y enfadados por el abuso de derecho que supone”. Con estas palabras ha resumido el concejal Marc Serra cómo afronta el gobierno de Ada Colau la querella de Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, que la llevará a declarar como imputada ante el juzgado número 21 de Barcelona el próximo 4 de marzo.
Serra ha comparecido junto con el jefe de servicios jurídicos del consistorio, Manuel Mallo, y Àlex Solà, que junto a Olga Tubau formará el equipo de abogados que defenderá a Colau.
“Caótica e infundada”
“La querella es caótica, desordenada, infundada, y reproduce fragmentos idénticos a los de la denuncia que fue archivada en julio. No aporta pruebas nuevas y ningún elemento incriminatorio. Aporta noticias de medios que han sido condenados por publicar fake news contra la alcaldesa”, ha explicado Serra, que ha añadido: “Nuestra actitud será de total colaboración y se facilitará toda la documentación que ya se dio a fiscalía. Esperamos que cualquier malentendido sea clarificado y resuelto.
Solà ha relatado que al leer la querella le han venido a la memoria “fragmentos, palabras, construcciones, frases largas y textuales de la denuncia que presentó Abogados Catalanes por la Constitución”, la archivada en julio. El abogado ha destacado que el texto de la denuncia se construye sobre “pocos expedientes” y “esconde un hecho relevante: que la fiscalía pidió mucha información y concluyó con un decreto de archivo” de la causa. “La querella esconde eso en un acto de mala fe procesal importante”, ha denunciado Solà.
“Fraude procesal”
El abogado ha considerado lógico que el juzgado citara a Colau como imputada: “Ha actuado con normalidad. Si el relato fuera cierto sería constitutivo de delito, pero no lo es”. Según Solà, la denuncia ha sido admitida a trámite porque ha ocultado el anterior archivo. “Reviste una cierta gravedad el fraude procesal”, ha insistido. La querella consta de más de 60 páginas y está firmada el 9 de diciembre.
Serra ha mostrado su sorpresa porque solo sea denunciada Colau y no otros concejales, que en algunos casos son citados como testigos. Solà ha argumentado que al hacerlo así los denunciantes se garantizaban lograr la imputación de la alcaldesa, ya que, ha agregado, si los denunciados fueran varios el juez se plantearía se daba el paso de imputarlos a todos.
“Sentimos curiosidad por saber quién está detrás de la querella”, ha subrayado Serra, que ha denunciado “una persecución de la alcaldesa para manchar su reputación”. El texto de la denuncia alude a que algunas de las entidades subvencionadas se dedican a apoyar procesos de municipalización de servicios, entre los que destaca el del agua, un intento que en Barcelona no culminó con éxito.
Solà ha afirmado que la denuncia debe “enmarcarse en el lawfare”, la guerra por medios jurídicos. “Parece que se quiere conseguir la foto de la alcaldesa declarando, usando como materia primera la estigmatización de que sea investigada”.
Preguntado por las irregularidades que fiscalía apreció en algunas ayudas en la causa archivada en julio, el jefe de servicios jurídicos ha subrayado que el fiscal estableció que esas irregularidades no eran constitutivas de delito, sino “puntuales y sin trascendencia penal”.
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