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confictos en las fincas

Los vecinos sufren la falta de medios ante las ocupaciones 'profesionales' de inmuebles

Tres comunidades y pequeños propietarios relatan el sinvivir que genera una usurpación ilegal

Patricia Castán

Bajos ocupados en los bajos de la calle Lafont, en el Poble Sec.

Bajos ocupados en los bajos de la calle Lafont, en el Poble Sec. / FERRAN NADEU

Basta una palanca y un golpe brusco. No solo se usurpa un espacio, también se abre la caja de los truenos en la convivencia y la vida de una comunidad de vecinos. Las ocupaciones que algunos llaman ‘profesionales’ porque las practican grupos organizados y que conocen al dedillo las limitaciones de la ley en España -nada tienen que ver con las emergencias sociales- proliferan en viviendas y locales comerciales sin que las herramientas jurídicas vigentes den respuesta a la gravedad de la situación. A continuación se recogen tres historias que demuestran que la reforma procesal (ley 5/2018) que mejoró la vía civil no logra resolver estos conflictos, a la espera del desenlace de la proposición de ley presentada por el PP el pasado febrero para endurecer la vía penal.

Cada una de ellas ha quitado el sueño a vecinos o propietarios que se sienten vulnerables ante las ocupaciones practicadas a cambio de dinero u organizadas por expertos en ocupación de inmuebles, que no actúan por imperativa necesidad de un techo o incapacidad económica, sino con mera finalidad delictiva.

La pesadilla en las fincas del 26 al 32 de la calle de Lafont, en el Poble Sec de Barcelona, comenzó a mitad de julio, cuando los vecinos comprobaron cómo un individuo (al que filmaron) reventaba las puertas de los locales de sus bajos y cobraba 700 euros por la entrega de llaves a diversos ocupantes. En uno de ellos, por sus condiciones, no se pudieron instalar. Pero los otros dos fueron usurpados pese a que en tres horas ya se había producido una denuncia, relatan los vecinos, que han movido cielo y tierra para acabar con esa situación. La propiedad es una promotora que tenía los locales vacíos pero que reaccionó contra la ocupación. "Nos dijeron que sería lento por ser verano, con jueces de vacaciones", relata uno de los vecinos. El foco más conflictivo era en el número 30, donde distintos residentes de los bloques aseguran que se trapicheaba con drogas e incluso se consumía en el párking.

"Les djimos que no usen la entrada desde la escalera o llamaríamos cada vez a la policía, pero desde la calle no paraba de entrar y salir gente cargada", cuentan. Los Mossos realizaron diversas identificaciones hasta que hace dos días lograron el desalojo tras ver que funcionaba como narcopiso. "Somos 15 vecinos y aquí viven niños, así que hemos pasado mucho miedo, sobre todo por la noche", añaden. Explican situaciones tan kafkianas como la siguiente: "La Guardia Urbana no acudía si alguna noche avisábamos de que hacían ruido, y en cambio el día en que unos operarios llegaron de noche para reforzar las puertas de los locales libres los urbanos les multaron por hacer ruido". No obstante, el número 26 sigue ocupado porque presuntamente reside una familia con un menor y, pese a las "sospechas" de los vecinos, no han podido demostrar actividades fuera de la ley.

Carencias penales

Cristina Vallejo, abogada especialista en derecho inmobiliario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), enfatiza que el proceso civil que permite acelerar la recuperación de los inmuebles fue liderado por la abogacía catalana para "poner remedio a las carencias del proceso penal" con las llamadas medidas cautelarísimas de carácter urgente. Si el ocupante no presenta documentos que acrediten su presencia en el espacio ocupado en cinco días se puede resolver acordar la recuperación por parte del titular. No obstante, el éxito de esta vía depende de los "medios suficientes, como judiciales, policiales y asistenciales", de modo que pueden pasar varios meses antes de que se recupere de facto un inmueble. Esta fórmula, además, solo es válida para personas físicas y oenegés, y no para empresas o personas jurídicas, que copan el 75% de las ocupaciones de inmuebles en España.

En la calle de Miquel Àngel, 96-98 también hay vecinos con miedo. Hace ya más de un año que los locales de sus bajos, propiedad de una entidad bancaria, fueron tomados violentamente. Los primeros ocupantes reventaron la entrada y a continuación vendieron llaves de acceso. Los vecinos denunciaron la situación rápidamente, como la propiedad, pero cuando se presentaron los Mossos los ocupantes mostraron a un niño pequeño para blindarse. "Nunca ha vuelto a haber ningún menor", se lamentan los vecinos de la finca, que han sufrido ya dos incendios en esos bajos con el consiguiente susto. Los ocupantes, foráneos, numerosos y que van rotando, han pinchado los suministros y según algunos comerciantes y vecinos de la zona su actividad es sospechosa.

La misma letrada, socia directora de Vallejo Pedrosa García Bello Abogados, mantiene que es urgente una reforma penal que permita la recuperación inmediata con una prueba de titularidad y que otorgue "mayor protagonismo al ayuntamiento y la policía local". También cree preciso dotar a las comunidades de propietarios de legitimación para actuar cuando se vean afectadas por la alteración de normas de convivencia o se les causen daños, algo previsto en la reforma legislativa pendiente. Otro de los puntos clave, considera, es "actuar contra los intermediarios que a cambio de dinero investigan la existencia de viviendas no ocupadas" para usurparlas y luego negociar con ellas, así como la necesaria implicación de los servicios sociales municipales si hay que llevar a cabo realojamientos.

José Luis, frente a su vivienda de la calle de Baluard, usurpada por al menos tres personas. / FERRAN NADEU

Lo inquietante es que cada vez más se producen usurpaciones de viviendas donde sí hay un morador, que simplemente está de viaje o no ha dormido en casa esa noche. Así empezó el sinvivir de José Luis, que un lunes por la mañana salió de su pisito en unos bajos de la calle de Baluart de la Barceloneta y por la tarde se quedó pasmado al ver que en el interior había luz y habían cambiado el paño de la puerta. "Llamé a mi propia casa y me abrieron dos individuos con mal aspecto", denunció en un juzgado sin saber que la vía penal podía alargarse mucho. Y aunque la sentencia ha sido favorable, los tres ocupas franceses se presentaron con traductor y tres abogados de oficio e interpusieron un recurso en la Audiencia Provincial, alegando que él no reside siempre allí. ¿Tengo que fichar en mi propia casa?, se lamenta. Está empadronado, paga el IBI y exhibe su escritura. Su pecado es tener una nueva pareja y viajar.

Un fenómeno imparable y liderado por Barcelona

Las ocupaciones se han multiplicado en los últimos años en España. Diversos informes hablan de unos 90.000 casos. Y según los últimos datos publicados del Ministerio del Interior (2017), Catalunya es la comunidad donde se produjeron más denuncias por ocupaciones ilegales, con Barcelona a la cabeza con 3.072 ese año. El aumento de las ocupaciones tiene múltiples causas, empezando por el grave problema del aumento de precios de la vivienda, que ha abocado a muchos personas con escasos recursos a ocupar por necesidad y en este caso siempre en viviendas en desuso y usualmente en manos de entidades bancarias o fondos de inversión. Pero más allá de esta problemática social a la que las Administraciones no logran dar respuesta suficiente, ha proliferado toda una mafia de la ocupación, que funciona como negocio y no repara en la titularidad del espacio a tomar. La usurpación recae en manos de delincuentes que revientan puertas o ventanas e instalan una cerradura cuya llave venden por unos cientos de euros. El destinatario final pueden ser traficantes de drogas, como sucedió en el Raval, y que ahora se están desplazando al Eixample y el barrio del Poble Sec, entre otros. También existe un perfil de ocupas (no juveniles), muchas veces foráneos, que se dedican a usurpar viviendas que se quedan momentáneamente vacías, con su titular de vacaciones o viaje. Conocen la ley y saben que pueden permanecer meses impunemente y gratis, enfrentándose a sanciones que no pagan por delitos leves. La proposición de ley presentada el pasado febrero por el PP incluye sancionar la intermedicación para la ocupación y penas de cárcel. En ese contexto, se ha disparado la actividad de empresas que desalojan por la vía extrajudicial con métodos muy cuestionados, y las que brindan servicios antiocupación, como puertas reforzadas y alarmas.