Accidentes en la vía pública: Barcelona solo asume el 14% de las reclamaciones

12 de diciembre del 2015. G.B. circula a las 21.00 horas con su motocicleta por la avenida de Josep Tarradellas, en Barcelona, dirección a la estación de Sants. A la altura de la avenida de Sarrià la rueda delantera de su vehículo se queda clavada en un bache y su cuerpo acaba impactando en la calzada. La moto, destrozada. Los enfermeros del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) le diagnosticaron polierosiones, pero tres días después tuvo que ir a urgencias porque los dolores iban en aumento. Sufría una tendinitis del hombro derecho. El pasado mes de octubre, casi tres años después, el Ayuntamiento de Barcelona estimó parcialmente su reclamación de indemnización por la vía extrajudicial, algo “verdaderamente excepcional”, según su abogada, Liliana Villanueva.

La ley establece que el responsable de mantener en buen estado la calzada y las aceras de la ciudad es el ayuntamiento. “Lo más difícil es relacionar el accidente con el mal estado de la vía pública”, explica Villanueva, abogada con unos 10 años de experiencia en reclamaciones patrimoniales ante la Administración pública.

Solo en el 2018 los servicios jurídicos del ayuntamiento de la capital catalana cerraron 874 expedientes relacionados con accidentes en la vía pública, de los cuales solo se estimaron total o parcialmente 129, un 14% del total. De estos 874 expedientes, 34 se recurrieron en vía judicial, puntualizan fuentes municipales. “Hay muchísimas caídas y accidentes en la vía pública, ya sea por el mal estado de una carretera, la presencia de gasolina en el asfalto, la falta de una barandilla… Pero esta vez es la primera vez que me encuentro con que el ayuntamiento admite su responsabilidad sin llegar a juicio”, explica Villanueva, del bufete Vosseler Advocats.

Indemnización variable

La cuantía de una indemnización depende del accidente y las lesiones o pérdidas materiales como consecuencia del mismo. Si la indemnización solicitada supera los 50.000 euros, los servicios jurídicos del consistorio emiten una propuesta de resolución y antes de dictar una resolución definitiva se consulta con la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya para que emita un informe.

El importe total pagado en el 2018 por parte de la aseguradora del ayuntamiento ascendió a 580.488,08 euros. Por otro lado, durante el pasado año se iniciaron 856 expedientes de responsabilidad social con unas indemnizaciones solicitadas que suman 232.861.034 euros. 

En el caso de G.B., sus abogados pidieron 2.457,50 euros por daños personales y materiales, de los cuales 1.882,46 euros estaban acreditados con un presupuesto de reparación de la motocicleta (el reclamante no disponía de medios económicos para hacer frente al total de la reparación sin la indemnización). Por daños personales, sus abogados reclamaron 257 euros en concepto de lesiones, correspondientes a cuatro días de carácter no impeditivo. La compañía de seguros del ayuntamiento, por su parte, indicó que la cantidad para satisfacer al perjudicado debería ser de 1.703,55 euros y el bufete presentó alegaciones.

Las pérdidas deben ser evaluadas en términos económicos y por este motivo resulta fundamental guardar el parte de lesiones y todas las facturas (o presupuestos, en su defecto). “A nuestros clientes les pedimos que guarden todos los tíquets o comprobantes de gasto. Desde los taxis para volver a casa o los enseres que sufren desperfectos: ropa, zapatillas, chaqueta y casco en el caso de un accidente de moto”, cuenta la especialista en reclamaciones patrimoniales de Vosseler Advocats.

Un proceso muy largo

La mayoría de las reclamaciones, como indican las cifras facilitadas por el Ayuntamiento de Barcelona a este diario, son desestimadas. El motivo principal: la falta de relación de causalidad. Es decir, los servicios del ayuntamiento no se pueden hacer responsables del daño causado porque han respondido a los estándares de calidad o a las cartas de servicios. Así, un pequeño desperfecto en la acera no es suficiente para reclamar porque un peatón en condiciones normales, no distraído, debería ser capaz de sortearlo. La incapacidad del reclamante para demostrar que el daño se produjo en la vía pública, por falta de testigos o aviso a los servicios de emergencias, también suele acabar en reclamación desestimada.

Una vez desestimada la resolución se puede presentar un recurso a la Alcaldía en el plazo de un mes, y si vuelve a ser desestimado se puede presentar un recurso contencioso administrativo por la vía judicial.  Durante el 2018, 134 expedientes de responsabilidad patrimonial iniciados en años anteriores han llegado a la vía judicial, de los cuales la mayoría estaban relacionados con peatones que caían en la vía pública (45), caídas del arbolado (43) y caídas en la vía pública de un vehículo (17).

El atestado policial, clave

¿Por qué estimaron la reclamación de G.B.? El atestado elaborado en el lugar de los hechos jugó a favor del reclamante. En el mismo se podía leer lo siguiente: “La patrulla actuante, tras realizar los trabajos de recogida de información, investigación y análisis de datos, llega a la conclusión de que la causa probable del accidente es el mal estado del firme de la calzada”. En ese atestado los agentes también detallaron que se echaba de menos una señalización advirtiendo del socavón. “La administración tiene la obligación de mantener las carreteras en buen estado de conservación y si existen peligros, los tienen que reparar o, al menos, señalizar hasta que sean reparados”, apunta la abogada, quien subraya la importancia de los plazos. “La reclamación –continúa- se deben presentar en el plazo de un año desde que se produce el hecho o se manifieste su acto lesivo”.

Este informe policial fue clave, porque un informe pericial posterior tendría menos credibilidad. En estos casos de caídas, tanto sean peatones como conductores, los abogados recomiendan no moverse del lugar y llamar a la policía y al servicio de emergencias, que podrán hacer fotos y acreditar el día, lugar y hora del accidente.  Villanueva explica que muchos reclamantes abandonan el lugar del accidente y van solos al hospital, la cual cosa hace que sea muy complicado demostrar que el accidente está relacionado, por ejemplo, con un estado anómalo de la calzada.