Colau se la juega (y Barcelona también)

La política municipal sería en un ‘pinball’ esa puerta que queda al fondo del juego, en una esquina superior. Si uno entra en ese agujero conseguirá un montón de puntos, pero antes, para alcanzarlo, tendrá que superar varios obstáculos, ya sea un puente o un remolino, que, para que la metáfora funcione, vendrían a ser la política estatal y la autonómica. Todo está conectado en esta maquinita de rebotes, como también lo está en la cosa pública. Por eso el pacto entre Barcelona en Comú y el PSC en la capital catalana depende tanto de factores que poco tienen que ver con un par de preguntas básicas: ¿Qué es lo mejor para la ciudad? ¿Qué está en juego si se rompe el acuerdo entre ambos partidos?

Ada Colau y Jaume Collboni estrecharon sus manos el 25 de mayo del 2016. Amasaban 15 concejales de un total de 41. Ya ese día, el presidente del grupo municipal socialista tuvo que tragarse un sapo con la cara de Pedro Sánchez. El líder del PSOE había dicho un día antes que el PSC entraba en el gobierno de Barcelona para “enderezar” las políticas de la alcaldesa y acabar con su “postureo”. Como pillar a tu suegro criticándote en tu boda. No ha sido una relación fácil pero sí aparentemente estable. Hasta que todo reventó con los porrazos del 1 de octubre, la posterior aplicación del artículo 155 y el encarcelamiento de miembros del Govern y de líderes de organizaciones independentistas. Una serie de decisiones judiciales que han llevado a los mandos de Barcelona en Comú a plantear a sus bases la conveniencia de mantener su comunión con el PSC.

Líderes en silencio

La votación, a la que están invitados sus cerca de 10.000 simpatizantes, se ha abierto este jueves y estará activa hasta última hora del sábado. Los resultados se conocerán el domingo. Hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento de Colau a favor o en contra de mantener el pacto. Como telón de fondo, la oferta que ERC y el PDECat (suman 15 ediles) lanzaron semanas atrás a la alcaldesa ofreciéndole su mano a cambio, es un suponer, de un cierto acercamiento hacia posiciones más soberanistas.

La Federación del PSC de Barcelona ha aprobado este jueves una resolución en la que piden a Colau que se posicione de manera pública y clara a favor del acuerdo entre ambas formaciones. Collboni lleva días solicitando ese pronunciamiento; sin suerte. Romperlo, consideran, “dejaría el gobierno en manos de las fuerzas independentistas, con lo que se abandonarían las prioridades sociales para someterse a las necesidades de la estrategia del 'procés'". "No aceptaremos que Barcelona forme parte de ninguna trinchera”, rezan los socialistas.

Más trabajo

En caso de ruptura, la capital catalana pasaría a ser comandada por tan solo por 11 concejales, la cifra más baja de la historia reciente de la ciudad. Eso significaría más carga de trabajo para los ediles ‘comuns’, que recuperarían las riendas de los dos distritos que cedieron al PSC (Sarrià-Sant Gervasi y Eixample). También deberían asumir el control de la cartera de Empresa, Cultura e Innovación, que ahora está a cargo de Collboni, que ejerce de segundo teniente de alcalde. Y recuperarían la gestión de asuntos para nada baladís como la infancia, los mercados, el comercio, las personas mayores, el paisaje urbano y el patrimonio. No es menos cierto que los gobiernos municipales, conforme se acercan las elecciones (tocan en mayo del 2019), bajan las revoluciones de su actividad para evitar caer en errores que la oposición pueda usar como arma arrojadiza. Pero aún así, Barcelona tiene por delante, entre otras cosas, un par de presupuestos por aprobar, unas Glòries por terminar y un tranvía que discutir.

Si se rompe el pacto también podría resentirse la confianza exterior en la institución barcelonesa. Eventos como el Mobile World Congress, que básicamente  buscan estabilidad y garantías allá donde van, podrían fruncir el ceño ante una Generalitat tambaleante y un ayuntamiento que también cojea. A nivel local, uno de los huecos que ha cubierto el PSC, ante la inexperiencia y, a veces, la falta de motivación de los ‘comuns’, ha sido la relación con determinados agentes económicos, como los hoteleros, los comerciantes y los empresarios. Al inicio del mandato se quejaron de falta de intermediario tras cuatro años en los que el gobierno de CiU había sido especialmente atento con ellos. Ese rol recayó en Collboni, que también ha ejercido de cicerone y de bisagra entre Estado y Govern para que la Agencia Europea del Medicamento se fije en la capital catalana.

La palabra la tienen ahora los simpatizantes de Barcelona en Comú. Cuando se fraguó el pacto, Colau fue acusada de atentar contra los principios del partido, pues en el pasado había calificado de "mafiosos" a los socialistas. Ahora tienen un año y medio de perspectiva, aunque siempre podrán decir aquello de 'no eres tú, soy yo'.