Antidisturbios que no hacen de antidisturbios
A la concejal de CiU Sònia Recasens no le salen las cuentas del acuerdo entre Barcelona en Comú y la CUP. No cree que solo se trate de unas cuantas medidas por valor de 5,2 millones de euros. Recasens ha afirmado este miércoles que tiene la sospecha de que de fondo existe "un pacto oculto" sobre la Guardia Urbana, que estribaría en la disolución de la unidad de antidisturbios de la Guardia Urbana, la Unidad de Apoyo Policial (USP por sus siglas en catalán).
Una de las condiciones de la CUP es reclamar esa disolución y el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha afirmado que no hay cambios respecto de la doctrina de seguridad que el gobierno de Ada Colau planteó nada más llegar a la alcaldía: los agentes de la Guardia Urbana no ejercen la función de antidisturbios. No lo han hecho en estos meses y no lo harán en el futuro.
Esa pérdida de funciones, que hace meses que se conoce, figurará en el plan director del cuerpo, que se debatirá en el pleno municipal de mayo, porque el PSC ha pedido que se discuta en ese foro, algo que ha aceptado el gobierno municipal.
CAMBIO DE NOMBRE
Lo que no se perderá es la unidad, que tiene otras funciones al margen de la de antidisturbios. Es probable incluso que en el marco de la restructuración que recogerá el citado plan director, la USP cambie de nombre, pero no respecto a lo que ya sucede: el ayuntamiento considera que la función de antidisturbios corresponde a los Mossos. De hecho el miércoles había rumores de que la no disolución iba a llevar a la CUP a rechazar la modificación de nuevo.
Pisarello ha afirmado hoy que existe acuerdo con la CUP sobre esta cuestión pero que no es algo nuevo ni que forme parte de la negociación de estos días: “Cualquier otra interpretación tiene como objetivo generar confusión”.
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