Las medidas sociales para los manteros se sabrán este mes

Conscientes de la repercusión social y económica de la proliferación de manteros, el gobierno de Ada Colau se ha visto obligado a actuar. No obstante, su obsesión ha sido enfrentarse al fenómeno desde el punto de vista social. Quien ha capitaneado la disección de lo que ocurre, más allá de la respuesta policial, es la segunda teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz. El lunes volvió a reunir a los grupos de la oposición para presentarles un nuevo diagnóstico de la realidad de la venta ambulante irregular. Les anunció que antes de finalizar el mes se concretará una medida de gobierno, que se llevará al pleno o a una comisión, para que esta se pueda dotar de presupuesto y también haya un calendario de ejecución.

Algunos de los que asistieron a la reunión explicaron que, igual que ha sucedido en las comisiones y en los plenos, las diferencias entre los partidos son abismales. Esto provocó que, de nuevo, se produjeran enfrentamientos verbales entre algunos concejales, que tienen visiones diametralmente distintas de cómo actuar ante el top manta, que es una realidad en Barcelona desde hace años.

Ortiz radiografió un colectivo que, según el servicio de gestión de conflictos (SGC), no es homogéneo pero que ocupa a unas 400 personas repartidas por la ciudad en el pico del verano. Aquí se incluye tanto a los que venden latas en la playa como a quienes comercializan bolsos falsificados de grandes marcas, entre otros. Los principales clientes son los turistas y visitantes ocasionales. El ayuntamiento insiste en que no hay una red jerarquizada y tampoco mafias que les controlen.

NO SON CONFLICTIVOS

Lo que sí han comprobado es que se ayudan entre sí y hay una cierta organización por zonas de la ciudad, de manera que así pueden detectar la presencia policial y avisarse. Esta circunstancia explicaría, por ejemplo, que ayer no llegara ni un solo vendedor a la zona de Colón en el momento de la operación policial.

Como consecuencia de las entrevistas realizadas en los comercios por el SGC, estos han asegurado que estos vendedores ambulantes ilegales no son un colectivo conflictivo. Del mismo modo, como es previsible, el porcentaje de cobro de las sanciones que impone la Guardia Urbana es muy bajo. Respecto a los lugares en los que los manteros se sienten resguardados de la actuación policial, el metro es el primero. Allí se concentran en estaciones como Drassanes, Catalunya o Liceu.