El socavón político y social del Carmel

Faltaban dos días para que se derrumbara la cola de maniobras del túnel del metro, pero el riesgo ya era evidente, se había desprendido una parte y los primeros vecinos habían sido desalojados. Era el 25 de enero del 2005. Por la noche, decidieron pasarse por allí a ver esas obras que amenazaban ruina total. Venían de una entrega de premios. Estaba el alcalde de Barcelona, Joan Clos; el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal; el conseller en cap, Josep Bargalló, la concejala de Horta-Guinardó, Elsa Blasco. Pasqual Maragall, ausente, los pesos más pesados del PSC y el Govern observaban un techo dudoso. Mientras observaban, cayeron un par de rocas con estruendo. Los políticos se salvaron  de resultar sepultados. No fueron los que más peligro corrieron. Dos días después, el entonces ingeniero jefe del consistorio, Albert Vilalta, salió del túnel de maniobras unos 20 segundos antes de que se hundiera, a las 9.15.

Y cayó todo. Un agujero de 35 metros de profundidad y 30 de diámetro se llevó por delante el garaje del número 12 de la calle de Calafell. El edificio situado en el número 2 de Conca de Tremp fue engullido por el socavón. Con el tiempo, otros cuatro fueron demolidos por seguridad. El Carmel, un barrio humilde, que tuvo que ver como esta etiqueta era reiterada un millón de veces a partir de ese momento, que vivía prácticamente ajeno a la marca Barcelona, un barrio en gran parte fruto de la autoconstrucción, se convirtió en el objetivo principal de la atención mediática y ciudadana, hasta el punto de que algunos barceloneses iban los fines de semana allí a hacer turismo de desgracia. Las calles afectadas se hicieron populares: Sigüenza, Pantà de Tremp, Conca de Tremp, Calafell, Llobregós.

La evacuación de 1.057 personas que residían en más de 80 edificios amenazados desató el conflicto total. Algunos pudieron volver a la zona a rebuscar sus pertenencias entre los escombros. La sensación era que difícilmente podía haber una catástrofe peor en la ciudad: por aquel entonces nadie esperaba la crisis económica, que empezó tan solo dos años después. En el Carmel no hubo ni un muerto ni un herido, y quizás eso animó a los políticos a atizarse sin miramientos.

PSC, CiU Y EL VENTILADOR. Mientras más de mil vecinos se acostumbraban a dormir en hoteles, empezó la pugna política e institucional. CiU, que proyectó la obra, y el tripartito, que la desarrolló, se culparon recíprocamente sin reparos. El conseller Nadal aludía a las «responsabilidades remotas» para referirse al último Govern de Jordi Pujol y los convergentes exigían su cabeza. Quizá una de las noticias más inesperadas de la crisis del Carmel fue que Nadal resistió y se mantuvo en su cargo: Maragall

no le dejó caer. De forma paralela al choque entre socialistas y nacionalistas, se mantuvo otro más sordo y matizado entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona: tripartito contra tripartito, ya que ambos estaban gobernados por el PSC, ERC e ICV. Aunque la obra correspondía a la Generalitat, los vecinos miraron al consistorio, que ante muchos parecía ser el responsable. El frente mediático también registró sus propios problemas. Esencialmente los creados gracias a la idea de Enric Marín, secretario de Comunicació del Govern, de prohibir la entrada de los periodistas en las reuniones de vecinos de los hoteles. Una decisión política que resultó incomprensible y escandalosa, y que no hizo sino incentivar las ganas de los afectados de contar sus problemas. Porque hubo gente que llegó a estar dos años viviendo de forma provisional.

La discusión política se centró en aspectos hasta entonces totalmente ajenos al ciudadano, como el método de construcción del túnel de maniobras, el método austriaco, que se contrapuso a otros, como el belga y el italiano, y fue señalado como peligroso. En el Parlament llegó la hora de las explicaciones. Nadal ofreció dos cabezas para zanjar la asunción de responsabilidades. «Pagan justos por pecadores», afirmó para justificar la destitución de Jordi Julià como director general de Ports i Transports y de Ramon Serra, como presidente de GISA. También Maragall afirmó que Serra y Julià estaban asumiendo un castigo que no les correspondía, con lo que quedó claro que evitaban que Nadal fuera el que tuviera que pagar los platos rotos.

«USTEDES TIENEN UN PROBLEMA». Pero eso no fue lo único que dijo Maragall. El 24 de febrero del 2005, el presidente catalán, en medio de un rifirrafe parlamentario con Mas, se levantó de su escaño en la Cámara catalana y espetó a los convergentes: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%». Aludía así al porcentaje que, según sospechas no confirmadas, se quedaba el Gobierno nacionalista de la obra pública. El asombro fue mayúsculo, pero quizá inferior a lo que pasó después. Mas contestó advirtiéndole de que si no retiraba lo afirmado echaba por la borda la legislatura. Todos entendieron lo que decía: si no había rectificación no habría el necesario pacto para alumbrar el nuevo Estatut, que tan pronto se hizo viejo: ¿quién piensa ahora en aquel Estatut? El caso es que entonces sí parecía importante. Y eso llevó a Maragall

a hacer lo más inesperado: levantarse y retirar sus palabras. Y así, mientras al president se le achacaba frivolidad y al jefe de la oposición, chantaje, se añadió otro ámbito al caso del Carmel, que volvió a la actualidad el pasado verano, cuando el expresident Jordi Pujol reveló que su familia tenía dinero en el extranjero.

Mientras todo eso pasaba en la política, el barrio del Carmel se convertía, día sí, día también, en escenario de Bienvenido, Mister Marshall. Más allá de las autoridades catalanas, acudió el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que a diferencia de Maragall y Clos fue tremendamente aplaudido. El Carmel sirvió de plató a María Teresa Campos, que fue a hacer un programa que se anunciaba con la letanía «miles de vecinos desalojados de sus casas». Las soluciones pasaron por el hormigón y el dinero. El túnel derrumbado fue rellenado con todo cuidado para evitar bolsas de aire. La actuación fue de urgencia, por lo que no fue posible retirar una pequeña excavadora que sigue allí, en el epícentro del terremoto que trastornó a un barrio.

No fue menos terminante la actuación de las administraciones a la hora de compensar con dinero a los afectados. Era un tiempo en el que muchos vecinos que no fueron desalojados vivían con testigos de yeso que servían para comprobar qué se movía y qué no. El miedo y la indignación eran notables. Se optó por cantidades más que elevadas, tras una ardua negociación con abogados y con un hombre que fue relevante en la crisis del Carmel: el presidente de la asociación de vecinos, Fernando González. González llegó a reclamar hasta acceso a «internet para los chavales».

A 34 familias que perdieron un piso en un inmueble derruido la Generalitat les compensó de la siguiente forma: 70.000 euros por el contenido de la vivienda; 10.000 euros por residente en la vivienda a partir del segundo, 30.000 euros por daños morales a cada residente. Si eran propietarios, recibieron un piso nuevo valorado en 30.000 euros más del anterior. Si eran inquilinos, se les proporcionaba el acceso a un piso de protección social pese a no reunir los requisitos exigidos. Además, el Gobierno central proporcionó 10.000 euros a cada afectado que perdió una vivienda o un negocio y 6.000 euros a cada familia con daños en su vivienda, más otros 1.500 euros por recuperar enseres. A quienes vieron dañadas sus viviendas pero consiguieron recuperarlas, la Generalitat les dio 10.000 euros por persona, viviendas provisionales mientras no pudieran volver a casa, una garantía de recompra del piso por parte de la Administración autonómica o la permuta por otro.

Una década después del hundimiento, todos los actores políticos del caso menos Mas están retirados. Se diría que el ansiado Estatut le importa un bledo a la mayoría y aunque la polémica del 3% sigue por resolver, las últimas novedades han elevado las sospechas, que ahora apuntan a un 5%. H