Barcelona retirará a los pisos turísticos el uso residencial

El Ayuntamiento de Barcelona endurecerá las condiciones para que los particulares alquilen pisos con fines turísticos, es decir, en periodos de días o semanas. Una nueva normativa municipal hará que una vivienda pierda su uso residencial si se le concede una licencia de alquiler turístico, según avanzó ayer la segunda teniente de alcalde, Sònia Recasens, en la jornada Modelo turístico de Barcelona, negocios tradicionales, negocios nuevos, del Aula Internacional de Innovación Turística de Esade.

La número tres del consistorio que dirige Xavier Trias avanzó también otras medidas como que las webs que anuncian pisos turísticos deberán incluir el número de licencia municipal en la descripción de la vivienda y que los turistas que se hospeden habrán de firmar un contrato y abonar una fianza para cubrir posibles daños. Nada dijo de agrupar licencias en bloques enteros, aunque es una medida anticipada por el consistorio tras las protestas de este verano en la Barceloneta. Es, además, una medida del agrado del alcalde, tal y como confirmó a este diario en una entrevista hace dos semanas.

Recasens defendió el aumento del número de licencias municipales a pisos turísticos «para poder inspeccionarlos» y rechazó que se trate de un aumento de oferta, sino solo un afloramiento de negocios hasta ahora opacos a la Administración. «Si alguien piensa que en tres años se ha pasado de 2.000 pisos turísticos a 9.000, va listo», declaró. «Las licencias están suspendidas desde marzo. No ha sido a raíz de la Barceloneta».

La segunda teniente de alcalde, que defendió un modelo turístico «segmentado y de calidad», anunció un nuevo pacto local para el turismo -que comprenderá el periodo 2015-2020- «que afronte el modelo de turismo responsable y sostenible» de la ciudad, que ha sido certificada recientemente por la Unesco en «una especie de auditoría con más de 80 indicadores». Una actuación, dijo, que fue iniciada por la anterior Administración municipal socialista. «No se puede confundir al joven incívico que sale desnudo en verano con el turismo de congresos que tenemos todo el año», afirmó.

UN MAYOR PORCENTAJE DE LA TASA

 La concejala puso también sus objeciones al reparto de la tasa turística y reclamó que a Barcelona le corresponda más porcentaje que el actual 33% por la «singularidad» de la ciudad y su gran número de visitantes». Para Recasens, ese dinero que se recauda -unos 54 millones de euros- no puede destinarse «solo a la promoción turística», sino también a la gestión. Insistió en la alta cifra de retorno que ofrecen los turistas de Barcelona y la exhibió como una vía para extender la afluencia turística por los barrios, e incluso por el área metropolitana. «La primera vez que vienen quieren ver los iconos, pero luego se puede jugar con más propuestas».

La oposición, a la vista de que el plan especial que regulará los apartamentos turísticos está al caer, lleva semanas exprimiendo el asunto. Fue uno de los temas estrella del último pleno tras una proposición de ICV-EUiA que instaba «al crecimiento cero del turismo» y la derogación de cuatro acuerdos CiU-PP: el plan de usos de Ciutat Vella, la marina de lujo del Port Vell, la ordenanza de terrazas y la apertura de comercios en días festivos. La proposición no prosperó. Los ecosocialistas planteaban también tomar medidas «ante la precariedad laboral del sector turístico» y destinar el 100% de la tasa turística a «compensar el impacto de la actividad turística».

Esta última propuesta es compartida por el PSC, cuyo candidato a la alcaldía, Jaume Collboni, defendía hace un par de días que la ciudad doble el coste de la tasa turística para recaudar en cuatro años 250 millones de euros. Los socialistas recomiendan al gobierno que elabore un mapa que sitúe los pisos turísticos que están en funcionamiento a día de hoy para establecer qué lugares de la ciudad son aptos para albergar nuevas licencias. De algún modo, le dan la razón a CiU en su voluntad manifiesta de descentralizar el turismo, esto es, vetar el crecimiento en el centro, pero mayor permisividad en los distritos con menos oferta.

El PP, único partido con el que CiU mantiene cierta sintonía en materia de turismo, presentó el jueves un decálogo sobre la regulación de los apartamentos por días o semanas. Alberto Fernández Díaz apeló a la necesidad de suspender las licencias en toda la ciudad, aumentar el número de inspectores e implantar un mínimo de días de estancia, idea que comparten con el PSC. Jordi Portabella (ERC) pide que la Generalitat entregue las competencias en materia turística al ayuntamiento y, como el alcalde, receta unificar la actividad en un mismo edificio.