Reacción de urgencia en la Barceloneta

Las vacaciones de no pocos técnicos y otros cargos municipales se vieron ayer suspendidas para afrontar con pretendida contundencia lo que ya se ha convertido en el tema del verano del 2014 en Barcelona. Reunión de urgencia y movimiento de fichas rápido antes de que la crisis adquiriese la gravedad política (sin consecuencias) del caso de Can Vies. Y es que la revolución de la Barceloneta contra el turismo de borrachera se ha convertido de hecho en un temazo en toda España, en un verano falto de noticias impactantes más allá de las tormentas políticas. Por eso, la efectista aparición de la concejala Mercè Homs anunciando medidas extraordinarias para el barrio fue seguida por todos los informativos españoles. Una repercusión que da alas a los vecinos para elevar el tono de sus demandas, pero que corre el riesgo de desvanecerse como un suflé en cuestión de días. El anuncio de una ofensiva para detectar los pisos turísticos ilegales que comenzará el lunes, así como el refuerzo policial contra el incivismo fue recibido por las principales entidades vecinales como «un parche que no soluciona el problema» ni frenará las nuevas movilizaciones.

Homs, consciente del cariz que tomaba la revuelta, cogió el toro por los cuernos y reunió a su equipo, incluso a altos cargos del ayuntamiento central para planificar una reacción de emergencia. Su plan se resume en cinco puntos. El primero, crear un equipo de inspección extraordinario, que operará al margen de las actuaciones ordinarias que realizan otros servicios inspectores cuando hay una denuncia. Los nuevos equipos serán tres, integrados por un guardia urbano y un técnico inspector y realizarán una investigación de oficio en horario diurno, sin necesidad de denuncias previas. La gerente Mercè Massa se refirió a este cribado como «sistemático», piso por piso, aunque también como «aleatorio» en la selección de edificios. En principio se inspeccionará una muestra de las aproximadamente 850 fincas del distrito (con unos 8.500-9.000 pisos, dijeron) y ante cualquier indicio se abrirán el proceso administrativo correspondiente, que podrá derivar en sanciones y cierres si se comprueba la actividad. Su duración «dependerá de los resultados». «Hay carta blanca para afrontar el tema», enfatizaron.

En paralelo, el distrito quiere incentivar las denuncias anónimas, colaborando con la ciudadanía para actuar contra los casos problemáticos de forma más eficaz. El ayuntamiento no tiene idea del volumen de la ilegalidad, ya que las webs donde se anuncian no detallan direcciones y un mismo alojamiento sale anunciado en distintos portales, dijeron.

No se abolirá el negocio

Y aunque esa primera medida recoge una de las propuestas clave expresadas ayer por los vecinos a través de EL PERIÓDICO, y persigue la erradicación de las camas ilegales, Homs dejó claro que no habrá una abolición de todo alojamiento turístico como pretenden muchos residentes. Los 72 que cuentan con permisos (limitados por el plan de usos)  también serán inspeccionados y sancionados si causan molestias, pero no serán clausurados por decreto. Igual que no se cierran todos los bares con licencia porque uno genere problemas, argumentó la edila.

El plan de usos (regula los negocios de pública concurrencia) no ha sido útil hasta ahora, en tanto que no se ha acompañado de  suficientes medias controladoras para que se cumpliera la ley, dicen los vecinos.

Las otras propuestas son mantener el refuerzo policial preventivo implantado en los últimos días, también el aumento de agentes cívicos que detectan problemas y ejercen de mediadores (día y noche), implantar un protocolo especial que permita canalizar de forma diferente las llamadas de denuncia por pisos turísticos (desde el 092 y 010) y formar una mesa de seguimiento para mantener diálogo continuado con los vecinos e «ir viendo los resultados» y cómo evoluciona el problema.

Homs insistió en que los vecinos «no están solos» y el consistorio «será inflexible». El mismo discurso iba a repetir por la noche en pleno territorio rebelde, ante los afectados. Pero horas antes, informados por la prensa, tanto en la asociación L'Òstia como la histórica de vecinos de la Barceloneta consideraron las medidas un «parche». Opinaron que tres equipos de inspectores para 9.000 fincas era una medida «ridícula». Oriol Casabella, presidente de esta última, teme que todo se desvanezca en cuanto desaparezca la prensa y pide compromisos escritos y un plan social para el barrio. Lourdes López, de L'Òstia, reclama un mapa de toda la problemática e inspecciones de Hacienda para afrontar la «opacidad de estos negocios». Hoy volverán a salir a la calle a las seis de la tarde y presentarán más movilizaciones.