Resistir en la almena

Encarna Muñiz no llegó a la Colònia Castells engañada. Cuando alquiló su vivienda, en mayo del 2005, la inmobiliaria ya le advirtió de que«la cosa duraría poco tiempo».De que el lugar estaba afectado por un plan urbanístico y de que«en un año o dos»debería marcharse. Encarna aceptó de todos modos porque, dados sus escasos recursos económicos, no tenía demasiadas alternativas. Además, vivir en el centro de Barcelona en una casita baja, en un barrio casi bucólico como era la Colònia Castells de aquellos tiempos y a un precio asequible se presentaba como una oportunidad a la que no quiso renunciar. Hoy, seis años más tarde, es de las pocas que resiste en el lugar.

Solo quedan cuatro viviendas habitadas de las afectadas por la primera fase de la reforma -la que va desde la calle de Castells hasta la de Entença-, y pocas más en pie. El resto -tres cuartas partes del barrio- son ya desoladoras parcelas llenas de ruina, testigo de piedra de lo que otrora fueron hogares. Todos los vecinos de esa parte de la colonia se han convertidos ya oficialmente en okupas en sus propias casas, ya que hace meses que estas fueron expropiada.

La Colònia Castells agoniza sin noticias sobre su porvenir

El bar de la Pili

La casita donde vive Encarna había sido el antiguo bar de la barriada. El bar de la Pili. De hecho, tiene dos puertas de cristal, una por cada calle, como si de un local comercial se tratara. Está prejubilada, vive sola con sus dos gatas y cobra muy poco, con lo que cuando la desalojen

-tarde o temprano, y más temprano que tarde, vendrá la policía a sacarla de allí- no cuenta con demasiadas alternativas. No tiene derecho a ser realojada ya que entró a vivir en la Colònia después del 2001 y conociendo desde el primer día que el lugar tenía fecha de caducidad. Pero, pese a que el acuerdo al que llegaron todas las partes -propietarios de las viviendas y administraciones afectadas- mantenía que solo los vecinos anteriores al 2001 tenían derecho a realojo en pisos de alquiler o de propiedad, en función de las condiciones en las que vivieran hasta el momento, Encarna asegura que en la infinidad de reuniones mantenidas con los técnicos tanto municipales como de Reursa, la empresa pública de la Generalitat encargada de la transformación urbanística, le dijeron siempre que no se preocupara, que no les dejarían fuera. Que encontrarían una solución. Pero esa solución nunca llegó. Lo que sí llegó, en cambio, fue la notificación de que debía abandonar la vivienda antes del 29 de junio.

«Me dijeron que para acceder a un piso de emergencia social gano demasiado, y para uno de protección oficial normal, demasiado poco», apunta. El 29 de setiembre era la fecha fijada para su desalojo, pero la presión popular logró pararlo. De momento ha cobrado la indemnización económica que sí le tocaba, unos 6.000 euros.«El abogado me dijo que cogiera el dinero, porque si no, me quedaría sin casa, sin piso y sin indemnización»,explica. Pese a coger el dinero, no quiere abandonar la casa. Eso supondría su rendición. Se quedará en ella hasta que la saquen por la fuerza o hasta que le den un lugar alternativo donde vivir. Aceptaría mudarse a uno de los 14 pisos vacíos desde hace un año del bloque levantado para realojar a los afectados de la primera fase.