Multa de 300 euros al joven que exhibió una 'estelada'

Àlex Molina, el seguidor del  FIATC Joventut de Badalona detenido por la policía el 5 de octubre por exhibir una estelada en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, ha sido condenado a pagar una multa de 300 euros por desobedecer y ofender a la autoridad. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital aragonesa considera que el aficionado formó un «gran alboroto» con el resto del público al blandir la bandera independentista y que, al ser apercibido por la policía, se encaró a los agentes al grito de «españoles de mierda» e «hijos de puta». A raíz de ello, el joven, de 22 años, fue detenido y llevado al calabozo.

El juez da por buena la versión policial de que Molina «se encaró» a los aficionados del equipo local, el CAI,  y que provocó «una reacción adversa» al exhibir «una bandera catalana de considerables dimensiones» mientras gritaba «independencia» y «puta España». Sostiene también que la actuación de los agentes fue «legítima» y opina que los cinco testigos de la defensa «son familiares y amigos» del acusado que «fueron aleccionados» para favorecerle, por lo que procederá de oficio a dirimir si han cometido «falso testimonio».

Marcel Molina, abogado del seguidor de la Penya, explicó ayer que recurrirán el fallo ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y apuntó como principal argumento de su alegación las «contradicciones» en el relato de los hechos ofrecido por los agentes que participaron en la detención. Molina siempre ha defendido que en ningún momento increpó a los policías y ha enmarcado sus gritos de «independencia» en la libertad de expresión.

ACCESO A RECINTOS DEPORTIVOS / Por la vía administrativa, la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza también tiene abierto a instancias de la Comisión Antiviolencia un procedimiento contra Molina, para el que pide 4.000 euros de multa y que no pueda entrar en un recinto deportivo durante 12 meses.

Se da el caso de que Molina entrena al equipo premini D del Joventut y juega en el Sant Josep de Badalona. Si la Administración resuelve en su contra (tiene seis meses para decidir), su abogado también recurrirá el caso ante la justicia. Para empezar, pedirá como medida cautelar que ese castigo no se aplique mientras no haya  una sentencia en firme.