Hacienda pagará directamente a los funcionarios de la Generalitat

El Ministerio de Hacienda asumirá, a partir de ahora, el pago de las nóminas a los funcionarios de la Generalitat, de las subvenciones públicas que reciben familias y empresas catalanas y de las prestaciones por dependencia. Esta es una de las consecuencias que se desprende de las medidas adoptadas este viernes por el Consejo de Ministros para “garantizar que ningún euro se destina a ningún fin ilegal, como el referéndum del 1 de octubre, o contrario a la estabilidad presupuestaria”.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha dado cuenta de lo que él ha llamado como “un mecanismo novedoso de control de pagos” para referirse a lo que, en la práctica, constituye todo un sistema de intervención de las cuentas de la Generalitat.

Medidas de intervención

Para controlar la gestión del gasto de la Generalitat, Hacienda ya no enviará nuevas transferencias mensuales a la comunidad autónoma (unos 1.400 millones al mes) sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de sus empleados públicos, a medida que lo requiera la Generalitat. En la práctica, esto supone controlar algo más del 80% de los ingresos autonómicos (el 20% restante corresponde a tributos cedidos y propios de la comunidad).

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Además, la Generalitat  no podrá endeudarse ni a corto ni largo plazo sin una autorización previa del Consejo de Ministros. Por último, se implica a las entidades de crédito “con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas, como puede ser el blanqueo de dinero”, según el comunicado emitido por el Ministerio de Hacienda.

A todo esto se añade un ultimátum de 48 horas al ‘president’ Puigdemont para que en ese plazo presente a Hacienda un plan de recortes de gastos del presupuesto autonómico que, sin afectar a los servicios esenciales ni a los funcionarios, garantice que Catalunya cumplirá su objetivo de déficit en el 2017. “Si no adopta ese acuerdo de no disponibilidad (recortes), lo adoptará el ministro”, ha dicho Montoro a modo de ultimátum.

Apoyo de PSOE y C’s

Según Montoro, todas estas medidas se adoptan al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y  son en respuesta a la decisión del ‘vicepresident’ Oriol Junqueras de incumplir la obligación de remitir cada semana a Hacienda informes de la Intervención para garantizar que no se emplea ningún euro de gasto público en el referéndum del 1-O.

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“Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno de España, y los hará para garantizar lo siguiente: que se cumple una ley que es un compromiso europeo para la recuperación económica, que es la ley de estabilidad. En segundo lugar, para que no se gaste ni un euro en actividades que se han declarado ilegales . En tercero, para garantizar que la gente cobre. En  cuarto lugar, para garantizar que los servicios públicos funcionan”, ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su intervención ante la Junta Directiva Regional del PP catalán, en Barcelona.

El propio Rajoy se encargó este viernes de anticipar el contenido del nuevo paquete de medidas anti-referèndum a los líderes del PSOE y de Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, quienes  le expresaron su apoyo en defensa del Estado de Derecho.

“El artículo 155, por la puerta de atrás”

El Ministerio de Hacienda asume en un comunicado oficial que “es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat”,  y añade: “pero no suponen un control político ya que el Gobierno en ningún momento suspende sus competencias”.  

El Gobierno se sacude así cualquier posible interpretación vinculada a la hipotética aplicación del temido artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado retirar competencias de una comunidad autónoma que incumpla las obligaciones que impone la Constitución . 

La Generalitat, sin embargo, interpreta que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Catalunya supone que el Ejecutivo "ha aplicado de forma encubierta el artículo 155 de la Constitución", según ha declarado el vicepresidente y 'conseller' de Economia del Govern, Oriol Junqueras, informa Xabi Barrena. El Govern ha anunciado una "batalla jurídica" en el Estado y también en la UE contra esta medida.

El ministro Montoro también ha anunciado otra "batalla jurídica" al respecto, pues ha dicho que el Gobierno llevará ante la fiscalía a la interventora general de la Generalitat, Rosa VilaRosa Vila, por no cumplir con la obligación de informar de los pagos del Ejecutivo catalán. Es la primera vez que la Moncloa actúa en contra de un funcionario a consecuencia del referéndum del 1 de octubre.