El Gobierno responde a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid sobre Sol sin ordenar el desalojo mientras Ayuso acude a la Justicia

La Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido este jueves a los requerimientos enviados por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid para exigir el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol. Lo ha hecho mediante un escueto comunicado en el que acusa recibo de ambos escritos y asegura que continúa desarrollando las actuaciones que considera procedentes, pero sin anunciar el desalojo del campamento ni fijar un plazo para poner fin a la protesta.

"Se continúan desarrollando las actuaciones que resultan procedentes en relación con la situación existente en la Puerta del Sol, de acuerdo con las circunstancias concurrentes y con pleno respeto al ordenamiento jurídico", señala la institución que dirige Francisco Martín en un comunicado, en el que señala que a las peticiones formuladas por las administraciones madrileñas se les aplica el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Dicho artículo regula los conflictos entre administraciones públicas y permite que, antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, una de ellas requiera a otra para que cese o modifique una actuación o inicie aquella a la que considere que está obligada.

Es, precisamente, lo que ha hecho esta misma mañana el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta ha anunciado durante el Pleno que se está celebrando en la Asamblea de Madrid que este jueves presentará un recurso contencioso-administrativo con petición de medidas cautelarísimas para reclamar la "inmediata disolución" de la acampada

El movimiento llega pocas horas antes de que expire el plazo de 48 horas que la Comunidad concedió el martes a Martín para que ordenara el desalojo. El Ejecutivo autonómico ya había advertido entonces de que, si su requerimiento no era atendido, acudiría a los tribunales. En aquel escrito, calificaba la acampada de "ilegal" y sostenía que "excede claramente los límites constitucionales y legales del derecho de reunión", además de impedir la normal actividad de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia.

El Ayuntamiento de Madrid mantiene igualmente la presión sobre Francisco Martín. El Consistorio, que el martes remitió su propio requerimiento a la Delegación amenazando con acciones legales si no se procedía al desalojo, elevó ayer la presión al remitir a la institución y al Ministerio del Interior un nuevo documento en el que asegura haber constatado la presencia de adoquines, hornillos y un cuchillo de grandes dimensiones en el entorno de la protesta; así como daños en la estatua del Oso y el Madroño, que hja sido vallada esta mañana.

La Delegación, por su parte, ha defendido durante los últimos días que cualquier actuación debe respetar tanto la seguridad ciudadana como el derecho de reunión, mientras Comunidad y Ayuntamiento consideran que la ocupación prolongada de la plaza ha sobrepasado ese marco. Ese desacuerdo político y jurídico queda ahora reflejado también en la vía judicial anunciada por el Gobierno de Ayuso.

Mientras aumenta la presión de las dos administraciones madrileñas, la acampada continúa este jueves 1 de octubre en la Puerta del Sol. La protesta afrontó durante la madrugada su quinta noche consecutiva y mantiene centenares de tiendas instaladas en la plaza después de que durante las últimas jornadas siguieran incorporándose participantes. El objetivo, según el Sindicato de Inquilinas, es seguir adelante "pase lo que pase" mañana con la votación del decreto Maricarmen en el Congreso.

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