Todas las claves del dosier contra Llorca: seguimiento al 'president', "escenarios de filtración" y "titulares plausibles"

36 páginas y un resumen ejecutivo de otros cuatro folios bajo el título ‘Dosier Valencia’ y el epígrafe ‘Informe Génova-J.P.LL.’ (las iniciales del president Juanfran Pérez Llorca) componen el informe sobre presuntas irregularidades del jefe del Consell y su entorno que el PSPV va a llevar a la Fiscalía. En su interior, además de apuntar posibles actuaciones con recorrido penal, se recogen seguimientos al propio Pérez Llorca y personas de su círculo más cercano y se plantean, más allá de las supuestas prácticas ilegales, otras derivadas mucho más políticas como los "escenarios de filtración" del documento, los "titulares plausibles" que cada ficha podría provocar e incluso las fechas de su posible publicación y su impacto en las elecciones autonómicas, para las que Llorca todavía no ha sido confirmado por la dirección nacional del PP.

El dosier alerta de "red flags" ('banderas rojas' en inglés, que en el argot juvenil equivale a algo así como 'señales de peligro') del "círculo cercano" de Llorca, en el que incluye a Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras; a David Serra, consejero externo del president y que el texto eleva a "asesor áulico"; y a Miguel Ángel Ivorra Devesa, director general de Urbanismo. Y reconoce vigilancias a todos ellos, además de al propio Pérez Llorca.

Espionaje al 'president'

En ese sentido, indica que "se tiene constancia, a partir de seguimientos realizados por el operativo de campo, de la presencia documentada de David Serra Cervera y Miguel Ángel Ivorra Devesa" en un bar de València "reunidos en distintas fechas con distintos empresarios". No se concretan fechas, horas ni nombres de los empresarios supuestamente implicados, pero sí se lanzan sospechas de prácticas fraudulentas a partir de las "conversaciones observadas".

El marcaje al president y su entorno no acaba ahí. El dosier recoge un nuevo seguimiento, en este caso a Serra y Llorca, con otro empresario en un palco privado de un recinto deportivo. De este encuentro, del que asegura tener prueba gráfica, concluye "la estrecha relación" del asesor y el president con el directivo.

El documento añade que si alguna de las presuntas irregularidades que sospecha que se pactaron en estas reunines se hicieran públicas, "arrastraría inevitablemente al president por la cadena de confianza personal y de nombramientos". Un tono valorativo muy poco habitual en un informe de un detective profesional, según varias fuentes del sector consultadas por Levante-EMV.

Y es que, más allá de los supuestos ilícitos que se deslizan y su recorrido penal, el expediente entra a medir el posible impacto de la filtración del dosier en la opinión pública y en el tablero político. Por ejemplo, en la "valoración global" apunta que "el expediente reproduce, sobre el mismo territorio y sobre el mismo partido, el patrón que el electorado valenciano acaba de castigar con la caída del anterior president", Carlos Mazón. Y añade: "La narrativa del 'otro Mazón' se construye con cuatro o cinco titulares".

El impacto mediático

No es el único punto en el que trata de medir ese efecto mediático. De hecho, al final de cada una de las ocho fichas que componen el dosier se añade un "cuadro síntesis" en el que se detalla la "tesis" final a modo resumen, los "hechos que importan", el "impacto previsible si se publica" y el "titular plausible" que según el autor del dosier aparecería en los medios de comunicación.

Y como colofón, el documento cierra con una valoración de los "escenarios de filtración del expediente" en función del canal de publicación (prensa, oposición o entrega a un instructor judicial) y plantea su consiguiente "secuencia probable" y "consecuencias o peligros penales". Así, destaca que en caso de filtración a un medio de comunicación, la información se conocería mediante un "goteo controlado, no explosión", iniciando por el caso de las supuestas modificaciones urbanísticas en Finestrat que habrían, siempre según el dosier, beneficiado a Llorca. En ese escenario, prevé una crisis "de 3 a 6 semanas, con capacidad de reactivación de 12 a 18 meses, con picos coordinables hacia las autonómicas de 2027".

En todo caso, el documento considera como "escenario más grave" la entrega del documento a la justicia. Cree "probable" que en ese supuesto todos los casos sobre los que siembra dudas "entran a la causa en bloque, respaldados por fuente primaria". "La consolidación documental del expediente se convierte en su mayor riesgo: entrega al juez el mapa completo y le ahorra meses de instrucción" al activar "simultáneamente" los artículos penales por supuesta prevaricación administrativa, prevaricación urbanística o negociaciones prohibidas.

Suscríbete para seguir leyendo