El Supremo de Argentina revoca un dictamen que ponía trabas a la venta de tierras a extranjeros

El Tribunal Supremo de Argentina revocó este martes un dictamen que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras Rurales comprendida en el megadecreto 70/23 de Javier Milei, firmado pocos días después de asumir la presidencia, en diciembre de 2023. La máxima instancia judicial de este país aclaró no obstante que la sentencia "no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia" de Milei. Una manera de sugerir que la cuestión todavía no está cerrada por completo. Mientras eso no suceda, los particulares o empresas extranjeras podrán adquirir las extensiones que deseen en el país, incluidas las zonas de frontera o con reservas de agua. El ministro de Exteriores, Pablo Quirno, dijo semanas atrás que no veía un problema en que alguien quisiera comprar parte de una provincia.

La resolución dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata que había aceptado un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los veteranos que participaron en la guerra con Gran Bretaña en el otoño de 1982 habían alegado que tenían legitimidad para frenar la iniciativa del anarcocapitalista dado su historial de defensores de la soberanía argentina. El argumento no fue tenido en cuenta por el Supremo. La soberanía, subraya la sentencia, no puede ser tratada como un "bien colectivo".

El artículo de ese decreto de diciembre de 2023 había quedado en un limbo. Para reanimar su objetivo, el Gobierno de ultraderecha intentó semanas atrás reformar la ley de tierras vigente desde 2011, el mes pasado en el Congreso. Sin embargo, debió dar marcha atrás debido al rechazo generalizado que había provocado. Al verse obligado a retirar el proyecto, se mantuvo la vigencia de un límite del 15% a la tenencia de tierras rurales por extranjeros y restricciones que impiden a un mismo titular extranjero tener más de 1.000 hectáreas en otras zonas productivas. A partir del pronunciamiento del Supremo que restituye en principio la vigencia del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dejarían de existir limitaciones.

Reacciones

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que la máxima instancia judicial intenta legislar "de espaldas al pueblo argentino y a los héroes de Malvinas". El dictamen se conoce justo en momentos que Milei y su ministro Quirno promueven una cruzada en defensa de los derechos soberanos de Argentina en el archipiélago, originada en los proyectos de extracción petrolera en aguas circundantes a las islas. El giro "malvinero" de un presidente que defendía años atrás la autodeterminación de los isleños no parece ser acompañado por la sociedad, entre otras razones porque se había mostrado en contra de la ley de tierras.

En un país donde cerca de 13 millones de hectáreas pertenecen a extranjeros, el Gobierno consideró que su proyecto podría atraer importantes inversiones del exterior. La oposición asegura que la normativa ha sido escrita a imagen y semejanza de empresarios como Peter Thiel, el dueño de Palantir.

"Ya mismo hay que anular el decreto 70/23 y muchas de estas discusiones se resolverían. Falta hacerlo en la Cámara de Diputados. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién", dijo la diputada de izquierdas, Myriam Bregman. "¿Esto es democracia? ", hay que frenar el fallo, sostuvo su colega, el peronista Juan Grabois. "Tras el fallo vergonzoso es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23", pidió el diputado socialista Esteban Paulón. "No puede haber espacio para que justicia le dé la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la ley de Tierras y la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan solo algunas semanas".

Suscríbete para seguir leyendo