La familia de un trabajador fallecido por la dana batalla para reabrir su caso por la investigación de la Fiscalía

Han pasado casi dos años desde la fatídica dana que se cobró la vida de 233 víctimas en la provincia de Valencia. Y mientras la investigación penal sobre la gestión de la emergencia sigue en el juzgado de Catarroja, dos años después la familia de un trabajador fallecido, Luis Ángel Sáiz, batalla por reactivar la causa por presunta negligencia contra su empresa, una UTE de conservación de carreteras, aprovechando la reciente investigación abierta por la Fiscalía sobre las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo.

El trabajador era oficial de de la firma encargada del mantenimiento y vigilancia de carreteras. Aquel día quedó atrapado en un atasco en la A-3 cuando regresaba a su domicilio a las seis de la tarde y fue arrastrado por el agua. La Inspección de Trabajo concluyó que se había cometido una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales y propuso una multa de 60.000 euros por la "imprevisión" de la empresa, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Por un lado, sostuvo que "no consta que la empresa informara al trabajador fallecido sobre los riesgos y las medidas preventivas" a adoptar en "condiciones climáticas tan adversas". Tampoco había formación preventiva específica para prevenir accidentes in itinere. Todo pese a que la ley exige informar "lo antes posible" a los empleados de un posible "riesgo grave o inminente" y medidas de protección.

"No tomó en consideración el grave e inminente riesgo que corría el trabajador fallecido [...], no adoptó medida preventiva alguna a pesar de los avisos y alertas meteorológicas de nivel rojo" ni "adaptación alguna de las condiciones de trabajo, ni reducción o modificación de la jornada", apuntaron los inspectores al respecto. Sobre todo ante los avisos de Aemet que se produjeron desde las 6.53 horas de las notificaciones de Emergencias por la evolución del temporal.

Sin embargo, la Generalitat Valenciana, que tiene la última palabra, dejó sin efecto la sanción al considerar que la dana presentaba características de fuerza mayor, por su carácter extraordinario, imprevisible e inevitable, y descartó responsabilidad empresarial en materia preventiva. Atendió así las alegaciones de la UTE, que acusó a los inspectores de basarse en "conjeturas" y hacer una reconstrucción "a posteriori" exigiendo a la firma prever lo que tampoco anticiparon las administraciones. Insistió en que era un accidente in itinere, que la formación en conducción de vehículos "no es algo que deban impartir las empresas" y que cumplió "con todas las obligaciones en materia de seguridad y salud que le eran exigibles", además de que "nunca" se obligó a prolongar las jornadas.

El archivo de esta sanción, junto a otras tres, está ahora bajo investigación de la Fiscalía, como publicó este diario, como posible delito de prevaricación de la administración autonómica. Unas diligencias que está por ver si la Fiscalía acaba llevando al juzgado pero que ha dado esperanzas a la familia del operario, que había visto cómo la justicia ha archivado su querella por una presunta negligencia de la compañía.

La batalla en los juzgados

Primero, lo hizo el juzgado de Requena donde había recaído, que asumió el argumento de que las circunstancias de las inundaciones eran "difícilmente previsibles para la mercantil empleadora que no podía evaluar adecuadamente la gravedad del temporal". Esgrimió precisamente la resolución de la Generalitat que había archivado la sanción: "Al no existir responsabilidad en el ámbito laboral, y en base al principio de ultima ratio, difícilmente puede existir responsabilidad penal".

La familia defendió precisamente que la Fiscalía estaba indagando la presunta ilegalida de los archivos de la Generalitat Valenciana pero ni aun así, tras el recurso, la Audiencia de Valencia cambió el criterio porque, sostuvo, la apertura de unas diligencias de investigación "ni invalida la resolución, ni permite tildarla de fraudulenta e ignorar su dictado".

Ahora, la familia intenta que se reabra la causa con un escrito, presentado el pasado 23 de septiembre, en el que insiste en lo que considera "elementos sobrevenidos" por la investigación de la Fiscalía, que ni siquiera se tuvo en cuenta en el procedimiento El documento insiste en que "no sostiene que la existencia de tales diligencias permita afirmar la comisión de un delito de prevaricación", ni que una eventual irregularidad administrativa implique "automáticamente" responsabilidad penal de los investigados, pero pide que se reabran las diligencias y se pida información al Ministerio Fiscal.

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