Lpolítica pesquera comunitarianavega siempre en aguas turbulentas, entre las leyes de mercado y la necesidad de salvaguardar los recursos naturales. Y en esa tarea, la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo ha centrado su acción en los últimos tiempos, entre las necesidades de los consumidores, la actividad de un sector económico y la preservación de un entorno sensible.

Y es que 23 de los 28 países de la UE tienen una costa que equivale a siete veces la de EEUU o cuatro veces la de Rusia, zonas costeras que albergan casi la mitad de la población del Viejo Continente y que suponen casi la mitad del PIB generado. España es además una potencia pesquera mundial, dependiente de las capturas en otros países. En España el consumo de pescado duplica la media europea.

En opinión de Alain Cadec, presidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, el reto actual de la política comunitaria es "conciliar intereses diversos, con el fin de garantizar la viabilidad a largo plazo del medio marino, las poblaciones de peces, los pescadores, las industrias relacionadas con la pesca y las comunidades costeras». En este objetivo la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo es competente y clave para «la organización común del mercado de los productos pesqueros y de acuicultura y su transformación y comercialización", pero también para la supervisión de los instrumentos financieros y los fondos de apoyo a la pesca, que supondrán 6.400 millones de euros del presupuesto comunitario entre el 2014 y el 2020, el 89% de ellos gestionados por los países beneficiarios.

El presupuesto comunitario destinará 6.400 millones al sector entre 2014 y 2020

La industria pesquera de la UE es la cuarta del mundo, con una producción de unos 6,4 millones de toneladas de pescado al año. La pesca y la industria de transformación de sus productos dan empleo a más de 350.000 trabajadores.

España capta más ayudas

En términos de arqueo bruto de las embarcaciones pesqueras, España supone el 22% del total, lo que le permite concentrar en torno al 20% de las ayudas europeas para el sector (165 millones de euros este 2017). Los miembros españoles titulares en la comisión de pesca del Parlamento Europeo son Clara Eugenia Aguilera, Carlos Iturgaiz y Gabriel Mato.

La base de la financiación de la política marítima y pesquera de la UE se asienta en el denominado Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), actualmente dentro del programa 2014-2020. El objetivo de los recursos (más de 837 millones este 2017) es ayudar a los pescadores en la transición a la pesca sostenible. A cada país se le asigna una parte del presupuesto total del fondo en función del tamaño de su sector pesquero, por lo que España es, y por mucho, el mayor perceptor de recursos de la UE de esos fondos.

España es el país europeo que recibe más fondos, en torno al 20% del total distribuido

En opinión de María Dolores Garza, catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo y coautora del estudio Pesca en pequeña escala y crecimiento azul en la UE, "España debería defender la eliminación de las restricciones a la libre circulación de capital y trabajadores que todavía se mantienen bajo el paraguas de la política pesquera comunitaria", como una vía para minimizar la caída del empleo en el sector.

Clasificación de pescado azul recogido por la embarcación 'L'avi Juanito', en Tarragona. (JOAN REVILLAS)

La gestión de la pesca se concreta en medidas de control de entrada y salida de embarcaciones, la normativa de acceso a zonas de pesca; controles para limitar la capacidad de pesca; medidas técnicas  para regular la utilización de las artes de pesca y los periodos y zonas en que se puede pescar. Pero también en limitar la cantidad de peces capturados de una pesquería específica, principalmente mediante los totales admisibles de capturas (los denominados TAC o cuotas de pesca).

Uno de los ejemplos de complejidad técnica que deriva de la reglamentación pesquera es el de las cuotas de capturas, eje vertebrador de las políticas que deben equilibrar los intereses de consumidores, productores y mantenimiento de las especies marinas. La Comisión Europea prepara las propuestas basándose en dictámenes científicos de organismos consultivos, como el CIEM y el CCTEP, sobre la situación de las poblaciones. Los totales admisibles de capturas de la mayoría de las especies los establece anualmente (cada dos años los de las poblaciones de aguas profundas) el Consejo de Ministros de Pesca. Los TAC se reparten entre los países de la UE en forma de cuotas nacionales. Para ello se aplica un porcentaje de asignación distinto por país para cada especie, que se llama clave de estabilidad relativa. Los países de la UE pueden intercambiarse cuotas enre sí.

Cuotas pesqueras

Los países de la UE deben distribuir las cuotas nacionales entre los pescadores de acuerdo con criterios transparentes y objetivos y garantizar que no se sobrepasen. Cuando se haya agotado toda la cuota disponible de una especie, el país correspondiente debe suspender la pesca. En la cuenca mediterránea la mayoría de las pesquerías se gestionan solamente con controles de entradas.

La pesca en el Mediterráneo centra buena parte de la atención de las autoridades comunitarias, ya que supone del orden de 314.000 empleos directos, la mayoría en pequeñas embarcaciones. El control de la sobrepesca es uno de los elementos prioritarios de control para asegurar el futuro de la actividad en el área.

Explotación sostenible

De la política de la UE en cuestión de cuotas pesqueras depende también el futuro de otras partes del mundo. Según la New Economics Foundation (NEF), la pescado-dependencia también debe ser tenida en cuenta en la UE, ya que puede tener impacto socioeconómico en países que necesitan esos recursos pesqueros de manera prioritaria. Más del 50% de las importaciones de pescado y mariscos a la UE proceden de países en desarrollo, el 38% en el caso de España, por lo que la NEF destaca que los países tienen "una gran responsabilidad" a la hora de asegurar de que solo se proveen de productos procedentes de fuentes sostenibles y responsables, objetivo todavía lejos de transformarse en realidad.

Aunque la productividad de las poblaciones de peces en el Atlántico nororiental está aumentando, el grado de sobreexplotación en las aguas de la UE sigue siendo demasiado elevado, por lo que la acción del Parlamento Europeo debe ganar en importancia. La NEF calcula que devolver las poblaciones de peces a niveles sostenibles en la UE podría proporcionar más de dos millones de toneladas adicionales de pescado, más de 800 millones de euros adicionales de beneficios netos y hasta 60.000 nuevos puestos de trabajo ligados al sector pesquero. "Estos datos ponen de relieve que los estados miembros de la UE tienen que mirar más allá de los costos a corto plazo a la hora de gestionar sus pesquerías y darse cuenta que una explotación sostenible a largo plazo tiene el potencial de ofrecer mayores beneficios de los que se obtienen en la actualidad", concluye el estudio.

Como marca la política pesquera común, Europa debe poner fin a la sobrepesca como muy tarde en el 2020, pero en la fecha actual, el 48% de las poblaciones de peces evaluadas en el Atlántico están sobreexplotadas, cifra que asciende al 93% en el Mediterráneo. Los peces son especialmente sensibles a la presión pesquera ya que su ciclo vital suele ser lento, como en el caso del fletán, el atún, el bacalao y en menor medida la merluza. El estudio reconoce también que la experiencia demuestra que cuando la gestión "se hace bien" y se siguen las recomendaciones científicas las especies se recuperan. Por ello, aconseja que "ese es precisamente, el camino que los estados miembros deben seguir".