Precisamente hoy, 24 de abril, se cumplen cuatro años del desastre del edificio Rana Plaza. El gigantesco inmueble de Daca, capital de Bangladés, se derrumbó en plena hora punta matinal cuando las fábricas textiles que funcionaban en su interior estaban en su máximo apogeo. Murieron nada más y nada menos que 1.127 personas y 2.437 resultaron heridas. Las imágenes conmocionaron al mundo.

La desgracia volvió a poner sobre la mesas las lamentables condiciones laborales, muchas veces rayanas en el esclavismo, en las que producían los trabajadores para grandes multinacionales de renombre internacional.

Violaciones sistemáticas de derechos humanos, salarios irrisorios, trabajo infantil, jornadas extenuantes, despidos arbitrarios, condiciones sanitarias pésimas, falta de seguridad, violencia contra las mujeres y acoso sexual. Como en el interior del Rana Plaza, estas lacras son denominador común en el sector textil en los principales países productores del tercer mundo: La India, Bangladés, Sri Lanka, Pakistán... entre otros.

El Parlamento Europeo no se ha desentendido de esta grave problemática que acucia al sector textil. De hecho, es la temática de una de las iniciativas estrella de la Comisión de Desarrollo (DEVE) en estos momentos. Una iniciativa encabezada por la eurodiputada de Podemos Lola Sánchez se votará, de mantenerse las previsiones, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se celebrará este mismo jueves en Bruselas.

80.000 millones

Es tan solo un ejemplo de la vastísima agenda sobre la que trabaja la poliédrica Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, con la tarea de monitorizar la contribución de la UE al fomento del desarrollo; un amplio concepto que engloba participar en la decisión del presupuesto del gasto destinado a ayuda de la UE, observar de cerca el trabajo de la Comisión Europea, el del Servicio de Acción Exterior y todos aquellos órganos que emplean fondos de ayuda de la UE. La Comisión de Desarrollo maneja un presupuesto quinquenal (2.015-2.020) de 80.000 millones de euros.

Impulsar una mayor coordinación entre los países donantes y las agencias también está entre sus cometidos, como intervenir en la elaboración de leyes que regulan la ayuda al desarrollo y reunirse con todas las partes interesadas y agentes expertos de todo el mundo para debatir soluciones y conocer las necesidades reales sobre el terreno.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo, Linda McAvan, del grupo socialista, destaca la importancia de la misma en tanto que encargada de supervisar del trabajo de la UE en materia de ayuda humanitaria. «La UE es la mayor donante de ayuda del mundo», puntualiza McAvan para añadir: «La Comisión de Desarrollo tiene el importante cometido de garantizar que el dinero llegue a destino y se emplee adecuadamente».

Catástrofes naturales

La actividad de la Comisión de Desarrollo es muy amplia y, para entender su dimensión global, ayuda clasificarla en grandes bloques. Por una parte se encuentran las aportaciones directas que la UE entrega a Gobiernos que acreditan cumplir determinadas condiciones para que repercuta en sus sistemas sanitarios y educativos. Es ayuda presupuestaria directa y los países africanos son los principales beneficiarios.

Otro gran paquete está integrado por las partidas de ayuda humanitaria que se adjudican tras una catástrofe natural.

La ayuda técnica a terceros países es otro de los ejes de la Comisión de Desarrollo. Funcionarios europeos participan en la modernización de la Administración de los países receptores de la ayuda -en ámbitos como el sistema público de pensiones, ayudas laborales y aplicación legislativa, entre otros-. También forma parte de las competencias de la Comisión de Desarrollo monitorizar la ayuda que se otorga a las oenegés.

La presidenta de la comisión, Linda McAvan, está convencida de que Europa marca la diferencia en el ámbito del desarrollo. «He comprobado en muchos países el resultado de nuestro trabajo», afirma la eurodiputada británica para añadir: «Hemos visto cómo los niños acudían al colegio por primera vez, cómo se llevan a cabo labores de suministro y saneamiento de agua y cómo se ha mejorado la salud materna» -dice a modo de ejemplo de conquistas sobre el terreno- .

Pero falta mucho por hacer, y de ello también es plenamente consciente. «Aunque las cosas están cambiando y mejorando en lugares como África, sigue habiendo mucha desigualdad», constata McAvan.

La eurodiputada Lola Sánchez, de Podemos, asegura que a la Comisión de Desarrollo «no se le da la importancia que debería tener, teniendo en cuenta que aborda cuestiones que afectan a los países más pobres del mundo».

Antes de entrar a detallar de forma más exhaustiva la iniciativa referente al sector textil, la eurodiputada española reflexiona sobre las que, desde su pundo de vista, son las carencias que a día de hoy plantea Europa desde el punto de vista de gestión del desarrollo. «Las corrientes neoliberales que recorren Europa también tienen su repercusión en la política de ayuda humanitaria. «Se está condicionando la ayuda a países necesitados a que den todas las facilidades posibles a la apertura de mercados a países occidentales», asegura Sánchez para añadir: «En lugar de potenciar el desarrollo endógeno, se supedita la ayuda a que faciliten la llegada de empresas extranjeras a las que deben dar todo tipo de facilidades fiscales, hasta el punto de que muchas de ellas no paguen ningún impuesto».

Derechos humanos

Lola Sánchez, recién aterrizada de Sri Lanka donde ha constatado la situación sobre el terreno, es la artífice de la iniciativa sobre la sostenibilidad del sector textil en relación a los derechos humanos y estándares sociales. De aprobarse el jueves en el plenario previsto en la capital comunitaria - «contará con el apoyo de prácticamente todos los grupos», anticipa la eurodiputada-, servirá de pistoletazo de salida para instar a la Comisión Europea a cumplir sus promesas de legislar y aportar un marco de trabajo y pautas para las leyes.

La iniciativa -una de la docena que tiene entre manos la Comisión de Desarrollo- contiene las líneas maestras que deberían incorporar las futuras leyes. Por ejemplo, que sea vinculante y obligatoria, que garantice el cumplimiento de los estándares laborales y sociales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueva el uso ecológico y sostenible de las materias primas y promueva el reciclado de tejidos y la producción local.

La concienciación de los consumidores también debería estar contemplada en la ley, así como una política comercial que no mine los derechos humanos ni el desarrollo sostenible.

Según la eurodiputada, uno de los argumentos que hacen inaplazable la legislación es que un tercio de las prendas textiles que se consumen en Europa están producidos en Europa: «La industria europa sufre ‘dumping’ social, competencia desleal, por parte de las empresas que producen sin respetar los derechos humanos ni los estándares sociales y ambientales». La legislación no solo protegerá los derechos de los trabajadores en el tercer mundo sino que también garantizará que las empresas europeas no sufren competencia desleal.